EL SUPREMO CONFIRMA LA PENA POR EL CRIMEN DE MAJADAHONDALa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 21 años de cárcel para Lucas Andreu por asesinar a Fernando Bartolá, de 21 años, en junio de 1997 en una calle de Majadahonda (Madrid)
LASA Y ZABALA. EL FISCAL NO RECURRIRA LA SENTENCIA DEL CASOEl fiscal del "caso Lasa y Zabala", Jesús Santos, no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en la qe el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de cárcel
PP, PSOE E IU CRITICAN "GRAN HERMANO" Y RECUERDAN QUE LAS TV TIENEN QUE UMPLIR UN SERVICIO PUBLICOEl espacio de Telecinco "Gran Hermano" sigue generando reacciones desde todos los ámbitos. En esta ocasión, representantes del Partido Popular y el Partido Socialista han mostrado sus reticencias, argumentado que este tipo de programas no aportan nada y recordando que las televisiones tienn que cumplir un servicio público
ETA. EL PAQUETE ENVIADO A ZULOAGA ERA UN "LIBRO-BOMBA"El paquete explosivo recibido esta mañana por el periodista Jesús María Zuloaga en la sede del periódico "La Razón" era un "libro-bomba", según informaron a Servimedia fuentes de este medio de comunicación
LA FAPE APUESTA POR VELAR LA IMAGEN DE MENORES IMPLICADOS EN ACTOS DELICTIVOSLa Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) se refirió hoy a la publicación en distintos periódicos de la imagen del menor de 17 años acusado del triple crimen de Murcia y opinó que el criterio adecuado es velar la imagen del joven
MADRID. LA GUARDIA CIVIL ESCLARECE EL HOMCIDIO DE UN CIUDADANO POLACO EN ARGANDA DEL REYLa Policía Judicial de la Comandancia de Madrid detuvo a última hora del pasado viernes a cuatro personas por su supuesta implicación en el homicidio de un ciudadano polaco que sucedió en la noche del pasado jueves en la localidad madrileña de Arganda del Rey, según informó hoy en un comunicado el Instituto Armado
RIGOBERTA MENCHU INSTA AL GOBIERNO ESPAÑOL A COLABORAR CON LA JUSTICIALa Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú ha instado a los gobiernos de Guatemala y de España a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional que ha ordenado investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura militar guatemalteca, dando curso a una querella interpuesta por ella misma
LA FUNDACION RIGOBERTA MENCHU CONFIA EN QUE SE HAGA JUSTICIAGustavo Meoño director de la Fundación Rigoberta Menchú, ha expresado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Nacional de investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura militar de Guatemala y aseguró que "se abren grandes expectativas" para que se imparta justicia a los militares genocidas
GUATEMALA. ROBLES (PP), CONVENCIDO DE QUE LA INVESTIGACION JUDCIAL NO PERTURBARA EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALAEl portavoz de Exteriores del PP, José María Robles Fraga, se mostró hoy convencido de que la decisión de un juez de la Audiencia Nacional de investigar los crímenes perpetrados bajo la dictadura militar de Guatemala no afectará a la aplicación de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno democrático de ese país y la guerrilla, en cuyo impulso España jugó un papel protagonista
GUATEMALA. LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARA LA DENUNCIA CONTRA MILITARES DE GUATEMALA POR GENOCIDIO, TERRORISMO Y TORTURASEl juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz de Polanco decidió hoy admitir a trámite la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, contra las autoridades militares de Guatemala aneriores a los actuales acuerdos de paz suscritos en aquel país centroamericano, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles
ESPAÑA INVESTIGARA LA DENUNCIA DE RIGOBERTA MENCHU CONTRA LOS MIITARES DE GUATEMALAEl juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz de Polanco decidió hoy admitir a tramite la querella de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, contra las autoridades militares de Guatemala anteriores a los actuales acuerdos de paz suscritos en aquel país centroamericano, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles