Entre los casos denunciados, destaca el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 39 personas y cuyo único superviviente fue el diplomático Máximo Cajal.

Esto significa que la justicia española investigará los supuestos crímenes cometidos en Guatemala, lo mismo que sucedió con los casos biertos para investigar la actuación de las dictaduras chilena y argentina. Al igual que en esos dos casos, la investigación judicial cuenta con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En un auto con fecha de hoy, el juez Ruiz Polanco sostiene que los hechos denunciados por Rigoberta Menchú "ostentan la luminosa apariencia de genocidas" y "se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social [...] por medio de la muerte, la tortura y el terror como métodos e ejecución muchas veces indiscriminada".

Para Ruiz Polanco, los métodos empleados por los militares guatemaltecos "repugnan" por su "sanguinaria crueldad y el absoluto desprecio a la vida".

Tras señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a la Audiencia Nacional la competencia para juzgar los hechos denunciados por Rigoberta Menchú, que a su juicio pueden ser constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

En su auto, de 14 páginas, el juez examina especialente el caso del asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 39 personas y cuyo único superviviente fue el diplomático Máximo Cajal y López.

PASIVIDAD

Sobre este caso, el juez rechaza que se trate de una "cosa juzgada", puesto que el acuerdo firmado entre Guatemala y España en 1984 no ha dado lugar a la "justa culminación" de un proceso judicial que depure responsabilidad alguna. Así, recrimina su "pasividad" a los jueces y fiscales encargados de investiga los hechos.

En este sentido, añade que en "ausencia del ejercicio honrado y eficaz" de la jurisdicción guatemalteca, España debe asumir su responsabilidad en la persecución universal de delitos cometidos contra los derechos humanos elementales.

El juez Ruiz Polanco acuerda proceder contra cinco generales, dos ex altos cargos de la Policía Nacional de Guatemala y un civil. Pide a las autoridades guatemaltecas que le informen del domicilio de los denunciados, así como del estado en que se encuentrn las investigaciones judiciales abiertas allí, en caso de haberlas.

Además, anuncia que tomará declaración al único superviviente del asalto perpetrado contra la Embajada de España en Guatemala, el diplomático Máximo Cajal y López.

El juez ha admitido a trámite la denuncia en contra del informe del fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, para quien España no es competente para investigar la denuncia de Rigoberta Menchú, no se trató de masacrar a un grupo étnico, nacional o religioso, y "loocurrido en la República de Guatemala fue un auténtico conflicto armado que duró 30 años".