Así lo reivindicó en un comunicado en el juzgó “imprescindible y urgente” que continúen las bonificaciones al transporte público durante los próximos seis meses, como estaba previsto inicialmente, para “avanzar hacia soluciones estructurales y permanentes como un abono único de transporte”.

Por ello pidió al Ejecutivo que apruebe por vía de urgencia un nuevo paquete “específico” de medidas necesarias para hacer posible esta prórroga y que se siga “avanzando” hacia la implantación de este abono único para “garantizar” que la ciudadanía pueda contar con un transporte “público, asequible y de calidad sin tener que estar a merced de intereses políticos ajenos a las necesidades de la población”.

Para la organización, la falta de acuerdo político para “asegurar” la continuidad de las bonificaciones “pone en peligro los avances logrados en los últimos dos años y puede suponer un retroceso en el uso del transporte público, afectando directamente a más de veinte millones de personas usuarias y lastrando la reducción de emisiones”.

“Esta situación de incertidumbre ha puesto de manifiesto claramente la necesidad de contar con fórmulas que garanticen una política tarifaria estructural y permanente que permitan que el transporte público sea asequible, accesible y útil para la ciudadanía”, abundó, al tiempo que emplazó a poner en marcha dicho abono único de transporte “lo antes posible”.

CAMBIO REAL

Para Greenpeace, un tipo de abono flexible, junto con más trenes y autobuses, más frecuencias y mejores horarios acorde con las necesidades de la gente impulsaría un cambio modal “real y masivo” del transporte privado al público, sin el cual “es casi imposible reducir las emisiones del sector más contaminante y que no paran de crecer”.

“Es muy preocupante la desconexión que tienen algunos partidos políticos del arco parlamentario con la gente y sus necesidades reales del día a día. Son millones de personas afectadas por esta decisión y esta incertidumbre mantiene en vilo a muchas familias que utilizan el transporte público en sus desplazamientos cotidianos”, advirtió al respecto la responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona.

Por este motivo, Greenpeace hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se una a las movilizaciones convocadas el 2 de febrero para protestar por la derogación de medidas sociales y ecológicas “tan relevantes”.