Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación en el Senado antes de participar en la presentación del libro 'Pioneras, cien años de la presencia de la mujer en el Tribunal de Cuentas 1921-2021', al ser preguntada sobre si el Ejecutivo piensa aprobar una rebaja de los impuestos sobre los carburantes que mitigue el impacto del encarecimiento de estos productos energéticos en los costes del tejido productivo y el bolsillo de los ciudadanos.

“Estamos trabajando en diferentes áreas y, entre ellas en un plan nacional de medidas que permita hacer frente al impacto económico del tsunami que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Putin”, afirmó la titular de Hacienda, que agregó que “algunas de ellas pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores o productos que realmente estén impactados por el incremento de la inflación y en otros casos pasa por regulación energética”.

En este sentido, Montero explicó que los acuerdos que se adopten tendrán una triple dimensión, al estar relacionados en primer lugar, a nivel europeo, con las medidas que determine los próximos días 25 y 26 de marzo el Consejo Europeo; en segundo lugar, el diálogo con los agentes sociales en relación al denominado por el Ejecutivo ‘pacto de rentas’; y, en tercer lugar, con los partidos políticos, de forma que “el presidente a final de este mes o principios del mes que viene pueda llevar ese pacto de reformas y actuaciones que nos permitan hacer frente a la inflación”.

Sobre esta última arista, la ministra apuntó que “vamos a iniciar una ronda de conversaciones para poder conocer cuál va a ser su opinión, puesto que esto se tiene que traducir en regulación que tiene que ir al Congreso de los Diputados”.

En cuanto al próximo Consejo Europeo, la ministra resaltó que “es transcendente para conocer cuál va a ser la posición de Europa respecto a la regulación de Europa y el ‘pool’ eléctrico”, ya que “los acuerdos que puedan derivar son imprescindibles para nuestra propia regulación interna”.

A este respecto, Montero subrayó que la subida de los precios energéticos “de una manera desorbitada” ha sido “una obsesión” para España, y, ante este problema, abogó por que el Consejo de Europa plantee “marcos regulatorios” que pasen “por desacoplar el gas, toparlo, y hacer compras centralizadas, porque justamente es el gas el producto que más está incidiendo en ese incremento del precio mayorista de la energía, el que se traduce después a las familias y al tejido productivo”.

Así, la ministra insistió en que el Ejecutivo revisará la fiscalidad de los productos que estén más impactados por la inflación, pero no quiso anticipar “ninguna medida hasta que no esté dialogada o consensuada” con los sectores económicos y las formaciones políticas.

“El Gobierno de España va a trabajar en concurso con los agentes sociales y las formaciones políticas” destacó en esta línea, recordando también que el Ejecutivo ya trabajó este fin de semana con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia de presidentes autonómicos. En este sentido, también indicó que se convocará a las comunidades autónomas “en una conferencia específica para aterrizar las medidas que entiendan que pueden ser complementarias de las que adopte el Gobierno de España”, de forma que “con todo esto tendremos un proyecto colectivo, ojalá participado por todos los agentes, que nos permita hacer frente al impacto del incremento de la inflación”.

Por último, preguntada por la recomendación realizada en la mañana de este lunes por parte del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann -con quien la ministra se reunirá esta tarde-, sobre que los países europeos deberían subir los impuestos a las empresas eléctricas y destinar parte de esos ingresos a amortiguar el encarecimiento energético, Montero señaló que “lo que quiere trasladar es que tenemos que ser capaces de gravar los beneficios que no tienen ningún tipo de justificación para repercutirlos en los consumidores, ya sean domésticos o industriales”.

Así, la ministra recordó que el Ejecutivo ya ha tomado medidas para “topar los llamados beneficios caídos del cielo de forma que no se produzca un aprovechamiento a algunas energías de lo que significa el coste marginal” y que “hay diferentes formas de abordar esos beneficios, bien por una vía directa fiscal o bien por la vía de la regulación, que es la que ha elegido el gobierno de España, y en esa línea seguiremos profundizando”.