Las ETT protestan por el reciente paquete de medidas para fomentar la estabilidad en el empleo introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que eleva 1,5 puntos las cotizaciones de los contratos que ells realizan para sus clientes.

El sector afirma que esta medida "privilegia la contratación temporal no gestionada (es decir, la realizada directamente por las empresas sin acudir a sus servicios) frente a la seguridad de su gestión y control a través de las ETT".

Estas empresas manifiestan su "profunda preocupación por el carácter contradictorio que dicha medida discriminatoria" tiene respecto al contenido de la Ley 14/1994, que regula su actividad.

Ambas asociaciones afirman que este precepo "no sólo perjudica a las empresas en el reclutamiento de su personal, sino a los propios trabajadores en la protección de sus derechos y a la propia Administración en su obligación de inspección y control".

Señalan que han iniciado los estudios correspondientes para comprobar si se han producido ilegalidades o si se han vulnerado derechos constitucionales. Entienden que se pueden haber violado los principios de igualdad y libertad establecidos en la Carta Magna.

Las ETT se mostraron interesadasen reunirse con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lo antes posible, con el fin de exponer las distintas posiciones y clarificar "conceptos equívocos".

"El Ministerio de Trabajo es plenamente consciente de que las ETT, lejos de crear la temporalidad, gestiona la demanda de las empresas, y sabe del rigor con el que nuestros asociados cumplen la legislación vigente", añaden.

Además, se muestran sorprendidas por el método con que se ha introducido esta medida. Consideran que una iniciativa e este calado debería haber contado con el mayor consenso posible y con un debate parlamentario específico.

Finalmente, las ETT rechazan las acusaciones de que son responsables de la precarización del mercado de trabajo y un impedimento para el aumento de la contratación indefinida.

Recuerdan que la contratación temporal se ha regulado en todo el mundo desarrollado "precisamente como un factor de dinamización de la creación de empleo".