Así lo desvela un informe publicado este martes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según el cual los datos recientemente publicados por el Imserso en su web en Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España, de diciembre de 2023, indican un “retroceso” del sector residencial en ese año, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el “más bajo” de toda la serie, que arranca en 2010, según precisó la entidad en un comunicado.

Tal y como revela el informe, en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) aumentaron en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en esos mismos años.

En este contexto, añadió que al comienzo de 2024 había 395.065 plazas residenciales para mayores en España, 3.510 menos que el año anterior y que desde 2014 no se había registrado un descenso interanual en el número de plazas residenciales

A tenor de sus cálculos, la ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas, con 332.431 personas usuarias, lo cual, a su entender, “pone de manifiesto” que las residencias “siguen siendo una gran necesidad” en el país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y “necesidad de cuidados de larga duración”.

DÉFICIT DE PLAZAS, EN AUMENTO

“Sin embargo, el déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 89.324”, abundó, al tiempo que insistió en que, en función de la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias “no menos” de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).

En concreto, según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2024. Imserso) hay en lista de espera de ser atendidas 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, más 65.602 pendientes de valorar, que “previsiblemente” obtendrán uno de esos grados, más 15.732 de estos grados con prestación no efectiva, lo que eleva el número hasta las 133.376 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 35% de los grados III y un 22% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.

Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801, respectivamente, y entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%).

Por su parte, en seis comunidades sigue habiendo un “exceso” de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234, mientras Navarra, Cantabria y La Rioja son las regiones con “mayor equilibrio” en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

En paralelo, el 69,6% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

A su vez, tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado “ligeramente” desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón y las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

DESINSTITUCIONALIZACION

Tras recordar que el Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las comunidades autónomas una estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, subrayó que, de momento, “no se han dado pasos decididos” en dicha estrategia, “reforzando los servicios de atención domiciliaria”, cuyo “exponente más importante” es la ayuda a domicilio, que “se mantiene prácticamente igual que el año anterior”.

Así, en 2023 este servicio se mantuvo en una cobertura de 5,5%, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia. Por otro lado, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012.

“Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados, las mujeres”, apostilló.

Junto a ello, la asociación dijo esperar “con interés” la publicación, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, del nuevo Censo de Centros Residenciales en España, para “conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social”.

Por otra parte, incidió en que el índice de cobertura que se utiliza tomando como referencia la población mayor de 65 años “resulta inadecuado en la sociedad actual”. “La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible”, prosiguió.

RATIO MÁS ADECUADA A LA SITUACIÓN

En este sentido, solicitó al Imserso que “proponga” al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio “más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector”.

“Unas referencias imprescindibles, ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral”, denunció, al tiempo que consideró que, “frente a estas prácticas, debe prevalecer una planificación racional de manera que, si hay que construir nuevos centros, se haga allí donde viven las personas que los necesitan y sus familiares, ya que la sociedad demanda que las residencias sean auténticos servicios de proximidad”.