Las dos tienen problemas de audición y requieren apoyos (humanos y técnicos) para acceder a la Justicia en igualdad de condiciones.

Todas sus solicitudes han sido aceptadas sin problemas por el Juzgado, según confirmaron ambas a Servimedia.

La letrada, Ana María de Castro, tiene en concreto un 67% de discapacidad auditiva y hace ya años que le concedieron una serie de “ajustes” para llevar a cabo su trabajo en el sistema de justicia gallego.

“Necesito que los demás comparecientes estén enfrente y que no tengan nada delante que les pueda tapar la boca, como portátiles u otros objetos”.

Según Castro, la Covid-19 y el uso de mascarillas “me lo han puesto más difícil, pero “siempre hemos encontrado soluciones”. A veces, si se pueden superar los dos o tres metros de distancia, la persona se baja un poquito el tapabocas”, explica, y también procuran hablar más alto. Se trata al fin de facilitar la lectura labial, en la que Castro se apoya para seguir las conversaciones.

Por su parte, Almudena Bermejo (la demandante) contará con el apoyo de un intérprete de lengua de signos para seguir todo el proceso sin dificultad. Con un 33% de discapacidad, Bermejo utiliza audífonos y también se beneficiará de todas las adaptaciones solicitadas por su abogada.

También el órgano judicial había propuesto la utilización de una sala equipada con bucle magnético, extremo que no ha sido necesario porque Almudena no requiere de esta tecnología.

Según Ana de Castro, la legislación española reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la Justicia en igualdad de condiciones, para lo que establece la obligación de facilitarles los ajusten necesarios que precisen. “Esto es una realidad que cada vez se demanda y se aplica más en sede judicial”, y hay que felicitarse por ello”, indicó.