Entre los principales grupos, el decreto, que se tramitará como proyecto de ley, logró el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos y ERC, y la abstención de PNV y Ciudadanos. Vox se quedó como único de los principales grupos que votó en contra.

La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, dijo que el decreto vuelve a demostrar que el Gobierno “ayuda a quien más lo necesita” y agradeció el “trabajo constructivo” de los grupos que de nuevo han hecho posible que salga adelante otro paquete de medidas de auxilio a quienes más están sufriendo el Covid en el tejido empresarial.

Calviño manifestó que “somos conscientes” que otros sectores aparte de los directamente beneficiados por el decreto “están pasándolo mal”, pero el Gobierno ha atendido criterios objetivos basados en el impacto de la pandemia y espera que al final el conjunto de la economía reciba efectos positivos con la norma.

Por Unidas Podemos, Pablo Echenique, afirmó que los 7.000 millones de ayudas directas que contienen el decreto es una “muy buena noticia”, aunque el texto no “perfecto” y habría que introducir modificaciones en su tramitación como proyecto de ley, para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos "y no a grandes corporaciones" y también para "eliminar de las ayudas a sectores parasitarios como las casas de apuestas y añadir algunos que faltan".

Echenique admitió que “no ha sido fácil” sacar adelante el decreto, “porque se ha vuelto a reproducir el eterno debate en el seno del Gobierno entre los que quieren volver cuanto antes a la austeridad y recelan de la inversión pública, y de otro lado los cabezones que insistimos en que la austeridad es una medida fracasada” y “que desde el principio hemos pedido ayudas directas”.

"RESPONSABILIDAD"

Los grupos que se abstuvieron explicaron el sentido de su voto coincidiendo en señalar que lo hacían por “responsabilidad” para no frenar el acceso a ayudas directas a empresas muy dañadas por la pandemia, pero vinieron a decir que el cuerpo les pedía votar ‘no’ porque creen que las ayudas llegan tarde y están mal repartidas.

Por el PP, Elvira Rodríguez explicó que votaban abstención por “responsabilidad” a pesar de que el decreto llega con mucho retraso.

La diputada popular afirmó que su partido no puede votar a favor porque “deja fuera a muchos sectores”, y establece un trámite complejo para que las comunidades canalicen las ayudas.

Por Vox, Patricia Rueda justificó el ‘no’ de su grupo en que las ayudas “llegan tarde y son escasas con un decreto que “condena a la ruina y hiere de muerte” a muchas empresas y autónomos.

Desde las filas de ERC, Joan Capdevila indicó que apoyan la convalidación “solo por responsabilidad pero llega tarde y mal”, un año después del inicio de la crisis, y “se merecía un ‘no’ por ramplón, prepotente y nada dialogado”.

El PNV atribuyó su abstención a que el Gobierno no ha negociado las ayudas y ha impuesto a las comunidades autónomas los criterios y los sectores beneficiarios de las prestaciones, comentó Idoia Sagastizábal.

María Muñoz, de Ciudadanos, sostuvo que el decreto merecía un voto de abstención porque prevé “un sistema de reparto claramente ineficaz” y con riesgo de que las ayudas se queden en fracaso porque podrían no llegará hasta el verano a las empresas.

TRES FONDOS

El paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial previsto en el real decreto se distribuye en tres fondos: 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos y que gestionarán las comunidades autónomas; 3.000 millones para recapitalización de deuda avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y un fondo para recapitalizar compañías con 1.000 millones y bajo gestión de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).

Del primer fondo, 2.000 millones se asignarán a Baleares y Canarias, dado el mayor impacto que sus economías están encajando por el Covid, y 5.000 millones se distribuirán entre el resto de autonomías conforme a los criterios aplicados para repartir el fondo React-UE.

Son ayudas directas que se destinarán a sufragar costes fijos como pueden ser los relativos a facturas energéticas o alquileres, así como la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros. Podrán acogerse a esta línea empresas y autónomos cuyos ingresos anuales hayan caído más de un 30% respecto a 2019 y que se enmarquen en el listado de 95 actividades económicas definido por el Gobierno tomando de referencia la afectación en sus plantillas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El decreto establece que no podrán recibir estas ayudas aquellas empresas o autónomos que tuviesen pérdidas antes de la crisis, es decir, que en el IRPF de 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por sus actividades económicas o la base imponible de Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes haya resultado negativa.

El importe máximo que podrían costear con cargo a este fondo será de 3.000 euros para autónomos en el régimen de estimación objetiva en el IRPF y para el resto oscilará entre 4.000 y 200.000 euros. La concesión de estas ayudas terminará el 31 de diciembre de 2021.

Si bien el decreto atribuye a las autonomías la responsabilidad de su reparto, estarán obligadas a informar al Ministerio de Hacienda del estado de ejecución en el primer trimestre del 2022 y reintegrarle los fondos no distribuidos. Para su puesta en marcha Hacienda y las regiones deben suscribir un convenio.

El segundo fondo del paquete de 11.000 millones y por valor de 3.000 millones se destinará a reestructuraciones de deudas avaladas por el ICO o por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa). El real decreto ley deja claro que el organismo público asumirá las condiciones de la reestructuración siempre que así lo hagan el resto de entidades financieras y acreedores, pudiendo, incluso, en una situación “excepcional” aplicar quitas.

Para su aplicación se elaborará un Código de Buenas Prácticas parecido al existente para préstamos hipotecarios y que será de adscripción voluntaria por parte de las entidades financieras.

Por último, el fondo de 1.000 millones será similar al de 10.000 millones de euros construido para ayudar a grandes empresas estratégicas, que gestiona SEPI y que ya ha comprometido recursos en Air Europa, Duro Felguera, la aerolínea Plus Ultra y Ávoris, sociedad resultante de integrar los negocios de turoperadores y agencias de viaje del Grupo Barceló y Globalia.