Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), coincidiendo con el inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, es necesario "acabar con la grave discriminación salarial que sufren los funcionarios y funcionarias de Justicia del ámbito del Ministerio (órganos centrales, Extremadura, las dos Castillas, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla) respecto a las administraciones transferidas".

Esta diferencia salarial alcanza, según la central sindical, hasta los 500 euros al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía.

Agrega que el acuerdo firmado el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública contempla la aplicación en los Presupuestos Generales del Estado de fondos adicionales, equivalentes a 800 millones de euros, de los que podrá disponer cada administración para avanzar en la equiparación salarial.

Los sindicatos también protestan por "la modificación unilateral de la oficina judicial y fiscal (a través de unas enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial), que afecta seriamente a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución arbitraria de funciones sin remuneración".