Durante su comparecencia en la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico en el Congreso de los Diputados, Borra afirmó que “al margen de los ciclos políticos y sindicales, sería importante que ustedes se pudieran sentar y decidir qué modelo queremos y que el modelo nos dure más de una legislatura”.

El responsable sindical demandó un “pacto de Estado” por el modelo territorial que contemple unas administraciones públicas “modernas, eficaces, que sirvan de motor de crecimiento”.

“Es hora de pasar página a los recortes y establecer un nuevo marco jurídico”, dijo Borra después de indicar que la crisis económica ha tenido “efectos demoledores” sobre los trabajadores y los empleados públicos concretamente y “en los últimos momentos hemos vivido campañas de desprestigio”.

Desde 2010 se han perdido algo más de 163.000 empleos públicos, según datos del boletín estadístico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, cifra que supera los 230.000 empleos, según la EPA.

Asimismo, Borra denunció la “politización” de las administraciones públicas, la “falta de mecanismos de control” y la desigualdad salarial entre los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) y otras administraciones.

“COLAPSO” EN CATALUÑA

Por otra parte, el presidente de CSIF se refirió a la situación de los funcionarios en Cataluña para señalar que “los máximos responsables de algunos Departamentos hacen dejación de responsabilidades” y “vamos a un colapso de la Administración” en esta comunidad autónoma.

Borra añadió que estos responsables “se escudan en el 155 para crear una atmósfera de parálisis” e incidió en que “no hay absolutamente ningún tipo de negociación ni avance en las ofertas públicas de empleo”.

Entre las propuestas que aportó CSIF en la comisión destacan su petición de mecanismos de coordinación “eficaz”, a través de la Conferencia de Presidentes, y que tenga “carácter vinculante y ejecutivo”; garantizar la equiparación y la homologación salarial del conjunto de administraciones; definir un catálogo de servicios públicos que presten exclusivamente los empleados públicos; crear un registro de personal eventual y asesores o “compensar” a los empleados públicos por los “sacrificios” durante la crisis. A este se añade una reforma de la ley sindical para “mejorar la representación sindical” e “impulsar una verdadera regeneración democrática”, según Borra.