Según expuso la institución este miércoles, “la complejidad del régimen tributario aplicable a los alquileres turísticos puede constituir una barrera para los ciudadanos que no tengan un asesoramiento adecuado o conocimientos especializados”.

Según señala el Defensor del Pueblo, al carácter marcadamente técnico de las normas tributarias se une su “dispersión”, puesto que las obligaciones fiscales de los alquileres turísticos están recogidas en diferentes leyes, lo cual dificulta su acceso y comprensión a los no profesionales.

Por ello, recalca el Defensor, “es fundamental que haya transparencia y seguridad jurídica en este ámbito y que el marco normativo sea coherente para evitar que las diferentes administraciones regulen un mismo supuesto de manera contradictoria”.

Esta recomendación proviene de una actuación de oficio, iniciada el pasado verano, cuando el Defensor del Pueblo, a raíz de la queja de un ciudadano sobre la regulación de los alquileres turísticos en Cantabria, comprobó “que existe un importante desconocimiento del régimen fiscal aplicable a esta actividad, así como el riesgo de que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de turismo, establezcan requisitos de acceso a esta actividad o condiciones de ejercicio que afecten en cuestiones tributarias”.