Todos ellos, a excepción de Camps, se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional desde el pasado 15 de enero acusados de financiar ilegalmente al PP valenciano. La Fiscalía pide para Blanco 15 años de prisión por seis delitos fiscales. Ahora está por ver si se suma a la estrategia de los encausados que ya han declarado, reconociendo pagos de empresas a cambio de contratos públicos y emisión de facturas falsas, para tratar de rebajar la petición de pena del ministerio público.

El juicio comenzó con la declaración de nueve empresarios que, previo pacto con la Fiscalía, reconocieron haber pagado al PP a cambio de adjudicaciones. A continuación, Correa explicó el mecanismo por el que esos donantes se hacían cargo del pago de servicios prestados por sus empresas al PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008.

Pero el testimonio que rompió todas las previsiones fue el del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien admitió que dijo a Orange Market el nombre de los empresarios a los que debía facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Costa acabó asegurando que el presidente autonómico, Francisco Camps, era el máximo responsable de las decisiones que se tomaron.

Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, está considerado el artífice del entramado financiero de la 'Gürtel'. Como tal, fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Correa y figura como supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

En concreto, Blanco Balín, economista, amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar y gestor de fondos en España del bróker Arturo Fasana, está acusado de haber cometido presuntamente varios delitos contra la Hacienda Pública en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en la pieza donde se investiga la financiación irregular del PP valenciano en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008.

Durante la instrucción de la causa, la Audiencia Nacional acordó el embargo de tres pisos y dos locales propiedad del empresario para cubrir la fianza civil de 8,7 millones de euros por su presunta participación en los supuestos delitos electorales que se cometieron en Valencia.