Lo hizo en rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo que ella misma lidera, y donde se reunió con colectivos en defensa de la vivienda. Al ser preguntada por la crispación parlamentaria, calificó de “absolutamente grave que se esté atacando la institucionalidad como se está haciendo desde la derecha”. Más tarde englobó en este supuesto ataque también la discusión por parte del PP, Vox y asociaciones como Fedea de los empleos fijos discontinuos, sobre si pueden o no computarse como paro o no.

“Lo que está pasando en el Legislativo español es de la máxima gravedad, es una impugnación de la institucionalidad; llevan en ella desde que llegamos al Gobierno”, denunció, tachando de “estrategia trumpista” este comportamiento. “Solamente aportan ruido y malestar en España”, diagnosticó, asegurando que “es legítimo defender cuantas opiniones se tengan” con “la libertad de expresión y con el respeto debido, no a la Cámara, sino a los españoles”.

Díaz prosiguió que “el ruido ensordece, desafecta a la ciudadanía de la cosa pública, no mejora la vida de la gente”, lo atribuyó esa conducta de Vox a “una estrategia deliberada que no ayuda a nadie” y no quiso entrar en consideraciones ulteriores de índole política alegando que “la ciudadanía no está en elecciones”. “No voy a formar parte de estrategias que son generadoras de desafección social”, despejó.

Sobre cuáles han de ser los criterios para distinguir lo que se puede decir de lo que no en el Congreso, la vicepresidenta señaló que "debe haber el total de libertad de expresión acompañado por el máximo respeto”, porque “gritar mucho o insultar mucho no hace mejor a la democracia, la hace más débil” y en el Congreso “todos y todas hemos de ser ejemplares”. “Es un bochorno escuchar lo que pasa en esta cámara”, reconoció, avisando del peligro de alejar a la gente de la cosa pública”, de la cual “sólo los hiperricos pueden permitirse el lujo de prescindir”.

Sobre la llamada ‘Ley del sólo sí es sí’, por la que la diputada de Vox Carla Toscano inició el jueves 24 la ola de crispación parlamentaria llamando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, “libertadora de violadores”, Díaz insistió en describirla como “una norma importantísima para nuestro país”, porque “busca garantizar la libertad sexual de las mujeres”.

Por tanto, coligió, “es fundamental la defensa de la misma”, si bien sugirió “tener cautelas” y "estar atentas al discurrir de los hechos”, en alusión a las sentencias judiciales que están rebajando penas a agresores sexuales en supuesta aplicación de las nuevas horquillas que establece la norma.