La vicesecretaría Jurídica de la formación, Marta Castro, y el letrado Juan Cremades recuerdan en su escrito que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de apelación que presentó el Gobierno catalán, de modo que, una vez la sentencia fue firme, el querellado contaba con 15 días para dictar las instrucciones y establecer las medidas de control para cumplir la sentencia. Sin embargo, al no hacerlo, "el querellado ha incumplido dolosamente con lo ordenado por el Tribunal".

Por su parte, el presidente de Vox en el parlamento catalán, Ignacio Garriga, aseguró que no van a permitir “que las acciones del Gobierno separatista, en abierta rebeldía, queden impunes”, y advirtió que darán “la batalla” por los derechos de los catalanes.

La Generalidad de Cataluña ha aprobado una ley por la que deja en poder de los centros educativos, y en última instancia del Departamento de Educación, el tratamiento de las lenguas en función de las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado, con supervisión y posterior validación del Gobierno catalán.

Según Vox, esta norma supone un “evidente ‘fraude legis’” para evitar que se lleve a efecto la sentencia y el auto del TSJCat. Por ello, la formación que preside Santiago Abascal solicita que se admitan todos los documentos aportados junto a la querella, así como la citación del consejero de Educación como investigado para que preste declaración.