La coordinadora Nacional Jurídica, Marta Castro, alerta en su escrito de la posible utilización de fondos públicos, a través de la Universidad Complutense de Madrid, que habría pagado el desarrollo de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa en la UCM que, posteriormente, Gómez “habría utilizado para su sociedad”.

El escrito, Vox, que pide investigar a Gómez por un delito de tráfico de influencias, hace hincapié en la “dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada”, y, por otra parte, y en todo caso, la utilización de la misma para “fines espurios propios y personales”.

Desde la cátedra, y, por tanto, “con fondos públicos”, denuncia Vox, “se ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional, como la Universidad Complutense, para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada”.

En esta querella, Vox reclama un total de 15 diligencias, entre las que se encuentra, por ejemplo, citar a Gómez como investigada o al rector de la Complutense como testigo para explicar lo relacionado con este software. Además, solicita la citación en calidad de testigo de Esther Álvarez, coordinadora del Máster Transformación Social Competitiva.