En la iniciativa registrada, el partido de Santiago Abascal recuerda que desde hace años existen determinadas situaciones y conductas “ilegales” que están siendo amparadas por las administraciones públicas en distintos ámbitos territoriales, encontrándose entre esas acciones la ocupación ilegal y la inmigración ilegal.

El texto denuncia que en la actualidad no se impide que tanto un okupa como un inmigrante ilegal no puedan inscribirse en el padrón municipal. Al contrario, “aquel que comete este acto antijurídico (okupar un inmueble o permanecer en España ilegalmente) se puede ver recompensado con todos los derechos y beneficios sociales que lleva aparejado el empadronamiento”.

Para Vox, no impedirlo “supone amparar situaciones ilegales y que accedan a un considerable número de servicios sociales” y no acabar con esta situación genera “consecuencias profundamente nocivas en los barrios y ciudades españoles como ocurre en el caso de la inmigración ilegal, especialmente en los ámbitos de la seguridad ciudadana y de las relaciones laborales”.