Según informó Vox este miércoles, su iniciativa tiene una “doble vertiente”: penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de okupas.

En concreto, este partido plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal con el objeto de que se amplíen los sujetos legitimados para solicitar la inmediata recuperación de la plena posesión de su inmueble cuya posesión se puede reclamar, de forma que no quede limitado a la vivienda.

Además, como medida particular para los casos en los que se produce el impago de rentas por el arrendatario, se agilizan los procesos de desahucio para evitar someter a propietarios a dilaciones de años para recuperar la posesión de su inmueble.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA

Vox también considera necesario eliminar la limitación actual de las facultades de las comunidades de propietarios para evitar, y en su caso, actuar contra la ocupación ilegal y sus consecuencias en la convivencia vecinal. Para ello, procede ampliar la legitimación para actuar a aquellos vecinos que pueden verse afectados por estas actividades ilícitas.

Respecto al endurecimiento de las penas, se plantea que a quienes ocupen una vivienda con violencia se le castigue por esta acción y se le impongan, adicionalmente, de dos a tres años de cárcel según las consecuencias de su acción.

El partido de Santiago Abascal recuerda que los datos del Ministerio del Interior reflejan el aumento de los delitos de usurpación por ocupación ilegal de inmuebles (3.849 en 2011 y 17.274 en 2021), lo que supone un incremento en 10 años de aproximadamente un 450%. Asimismo, según la información disponible, en enero y febrero de 2022 se han producido de media unos 46 casos por día, 2.700 hechos en total.

También se destaca que Andalucía es la segunda región de España que registra más ocupaciones de inmuebles con 2.557 casos en 2021, según las estadísticas de Interior.