En el texto registrado, la formación política asume que la mencionada proposición de ley orgánica se registró para “garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno” y supone “la quiebra del Estado de derecho, el fin del principio de legalidad y, en consecuencia, un cambio de régimen que pondría fin al sistema establecido en 1978”.

Este partido recuerda que la tramitación parlamentaria de la iniciativa no es nueva, ya que se trata de una versión “actualizada” de otra iniciativa registrada por ERC, Junts, CUP y PDeCAT en marzo de 2021 y los letrados señalaron que “parece entrar en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución” y rechazó su tramitación.

En el escrito dirigido a la Mesa, Vox denuncia el “fraude de ley” que viene empleando el Gobierno de Sánchez, ya que utiliza grupos parlamentarios “afines” para tramitar como proposiciones de ley orgánicas iniciativas que son, materialmente, proyectos de ley. Así, “asuntos de relevancia capital evitan la obligación de solicitar informes o dictámenes sobre proyectos de ley”.

Pese a todo, Vox afirma que “nada se opone a que la Cámara pudiera considerar oportuno pedir informe” al CGPJ “sobre cualquier cuestión o asuntos de su incumbencia institucional”. Además, recuerda que las decisiones de la Mesa y el Gobierno “contravienen lo defendido por la Comisión Europea y sus recomendaciones para reforzar el Estado de derecho”.

Por todo ello, Vox solicita que, teniendo por presentado el escrito, se sirva admitirlo y, en consecuencia, se solicite por parte de la Mesa del Congreso informe al CGPJ sobre la constitucionalidad y viabilidad de la tramitación de la proposición de ley de amnistía.