En concreto, este partido explica en una nota que los grupos municipales en Castellón, Elche, Burgos, Palma y Cartagena han puesto en marcha acciones de manera conjunta para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento y asegurar que se cumpla con la legislación vigente.

Desde Cartagena, se ha alertado sobre “un problema de inmigración masiva potenciada por el polo atractor de los centros de inmigración”, según declaró el portavoz, Gonzalo López Pretel. “El empadronamiento se usa como herramienta para regularizar y captar beneficios”, avisó, y apostó ser “muy exigentes y vigilantes en el cumplimiento de los requisitos”.

En este sentido, el ayuntamiento ha solicitado información al departamento de estadística para obtener datos sobre viviendas con movimiento en el padrón de más de dos en los últimos 5 años, viviendas con una ratio de personas empadronadas mayor que 1 por cada 10 metros y viviendas con personas empadronadas distintas al propietario y familia.

En Castellón, Vox asegura que se ha detectado “que en pisos de no más de 90 metros cuadrados hay hasta 15 empadronados”. El concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, lamentó “el aumento de la delincuencia pese al incremento de la plantilla de Policía Local”.

A su vez, el grupo municipal de Vox en Palma de Mallorca propuso que la policía realice inspecciones domiciliarias para detectar empadronamientos fraudulentos. El portavoz Fulgencio Coll denunció que en Palma “se comete un delito cada 17 minutos” y abordó el “preocupante” aumento de las agresiones sexuales.

Además, Vox está exigiendo a las administraciones autonómicas la suspensión inmediata de ayudas sociales como la renta social básica a aquellas personas que hayan ingresado ilegalmente o se encuentren en el territorio nacional después de perder su estatus de residente legal.

En este sentido, la tercera teniente de alcalde de Elche, Aurora Rodil Martínez, declaró que “sabemos que existe un mercado negro de empadronamientos, gente que se empadrona de forma fraudulenta para conseguir los beneficios y ayudas sociales que ofrecemos en nuestro municipio. Esto genera un efecto llamada que hay que detener de inmediato”.

Finalmente, la Concejalía de Seguridad de Burgos va a impulsar medidas preventivas para evitar empadronamientos ilegales, además de reforzar la colaboración con las fuerzas de seguridad para que “no se produzcan problemas de violencia o delincuencia derivados de los empadronamientos ilegales”, según dijo el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores.