Por años, este partido presentó 11 recursos en 2020, 17 en 2021 y 16 en 2022. El último recurso presentado ante el TC buscaba en amparo la suspensión cautelar del Pleno del Congreso de los Diputados en el que esa misma tarde se iba a debatir y votar la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición.

El primer recurso del partido de Santiago Abascal, presentado ante el TC el 13 de febrero de 2020, fue contra la fórmula de juramento de la Constitución de 29 diputados de ERC, EH Bildu, Junts, la CUP y Unidas Podemos cuando se constituyó el Congreso de los Diputados porque “conjuraron contra” la Carta Magna, por lo que su acatamiento fue, según Vox, “irregular”.

PANDEMIA

En 2020 Vox acudió en varias ocasiones a este tribunal para presentar varios recursos sobre las decisiones del Gobierno durante la pandemia provocada por el coronavirus. El 28 de abril presentó uno contra el primer estado de alarma y el 11 de mayo otro contra la suspensión de plazos del Congreso durante la pandemia de la covid-19.

También presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el segundo estado de alarma y su prórroga de seis meses y un recurso de amparo contra el segundo estado de alarma el 6 de noviembre. El Constitucional declaró inconstitucional este estado de alarma al considerar que el plazo de prórroga tuvo un carácter no razonable o infundado.

A su vez, el 26 de marzo de ese mismo año elevó al TC un recurso contra la inclusión del exlíder de Podemos Pablo Iglesias en la comisión delegada que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que el Ejecutivo incluyó en el primer real decreto de medidas económicas para hacer frente al coronavirus.

En esta ocasión, el citado tribunal dio la razón a Vox al considerar que esa disposición adicional es inconstitucional porque no concurrían los requisitos de especial urgencia que permitían aprobarlo por la vía de decreto-ley. El Partido Popular (PP) también recurrió ante el TC por ser una “utilización partidista del estado de alarma”.

LEYES

Asimismo, en 2021 y 2022 presentó varios recursos de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Celáa’ de educación y la exclusión del castellano como lengua vehicular, la 'Ley Garzón de vivienda', la Ley de eutanasia, la conocida como ‘Ley riders’, la Ley de igualdad de trato, y la ‘Ley del solo sí es sí’, entre otras.

En el ámbito de la educación, Vox también acudió a los tribunales para recurrir el uso del bable en el parlamento asturiano y la Ley de educación de Islas Baleares, así como el decreto-ley del Gobierno catalán que pretendía “sortear” el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un mínimo del 25% de la enseñanza en español.

El partido de Abascal recurrió también el 17 de febrero del año pasado la votación en el Pleno del Congreso de la reforma laboral por “infracción procedimental” e hizo lo mismo contra un apartado de la Ley de Ingreso Mínimo Vital (IMV) por atribuir al País Vasco y Navarra competencias en materia de Seguridad Social.

AHORRO ENERGÉTICO

Siguiendo con su frente judicial, Vox recurrió el 11 de noviembre ante el Alto Tribunal el decreto energético del Gobierno porque, a su juicio, impone un “confinamiento” energético con la limitación de la temperatura y “afecta a la libertad de empresa y a la libertad de circulación de los españoles”.

Además, el 19 de febrero de 2021 presentó un recurso de amparo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y unos meses después, el 22 de abril, presentó un recurso de inconstitucionalidad para la paralización de los nombramientos del CGPJ en funciones.

Vox siempre ha afirmado que apuesta por defender los intereses de los españoles tanto en los tribunales, como en las instituciones en las que tiene representación y también la calle. "Solo queda Vox", comentan en distintas ocasiones miembros de esta formación.