El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, prometió durante la campaña electoral municipal la construcción de viviendas sociales para "los pobres de Marbella". Las obras comenzaron poco después de que el Grupo Independiente iberal alcanzara la Alcaldía, en unos terrenos no urbanizables, reconocidos así en el PGOU marbellí.

Ante esta situación, el Gobierno andaluz comunicó a Jesús Gil la ilegalidad de las obras, si bien el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid "respondió con una carta en la que descalificaba personalmente y con extrema dureza a los responsables de la Junta de Andalucía y aseguraba que las obras reunían todos los requisitos legales", afirma la Administración autónoma.

Tras esta situaión, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía puso en conocimiento del TSJA el acuerdo municipal de construcción de las viviendas sociales, solicitando su impugnación por considerar que se vulneraba la legislación vigente.

A lo largo del proceso, el Ayuntamiento de Marbella ha alegado que dichos terrenos serían recalificados en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobada ayer en pleno.

La decisión del TSJA genera un conflicto en Marbella, ya que las primeras treinta vviendas iban a ser entregadas proximamente a otras tantas familias que habitan cortijos en pésimas condiciones, sin que la mayoría de ellas dispongan de saneamientos ni agua corriente.