Según el informe anual del CES, "la accesibilidad a la vivienda libre de la población inmigrante es muy restringida dada su elevada carestía". En el caso de la protegida, el Consejo incide en la "falta de recursos y de información" de los inmigrantes legales, y la "imposibilidad" en el caso de los ilegales.

"Pero tampoco el acceso de los inmigrantes a una vivienda en alquiler es fácil", indica la institución, ya que "su demanda se suee situar en aquellas viviendas de coste más bajo, cuya escasez es aún mayor y cuya oferta generalmente se dirige a otros sectores de la población".

El CES distingue la situación dependiendo de si se trata de una zona rural o residencial. En el caso de las zonas rurales, la temporalidad de los trabajos "redunda inevitablemente en una importante falta de estabilidad residencial, a la que se une un parque de alquiler especialmente reducido y una insuficiencia, mala calidad y localización muy aislada de ls alojamientos ofrecidos".

En el caso de las zonas urbanas, "los problemas residenciales de segregación espacial, falta de habitabilidad, infravivienda y hacinamiento derivados de su necesidad de abaratar los costes de su alojamiento, se traducen en una mayor precariedad residencial que les lleva a optar entre el chabolismo periférico o su concentración en los barrios más degradados de las zonas centrales de las grandes ciudades".

ESCASEZ DE VPO

El Consejo Económico y Social (CES) también denunia que la oferta de viviendas protegidas es "insuficiente" y la política social en esta materia "no se está desarrollando con la intensidad necesaria para afrontar la demanda".

"El acusado y continuo descenso de la vivienda de protección oficial, en proporción al total de viviendas iniciadas, es espectacular", aunque se observan mejorías leves en los dos últimos años.

La institución que preside Jaime Montalvo resalta que mientras el gasto público en vivienda ha permanecido estable en casi todos ls países de la UE en los últimos años, en España "se ha producido una importante caída".

El CES denuncia el "incumplimiento de la cofinanciación de viviendas de promoción pública para alquiler". Según la memoria, "sigue pendiente recobrar un mercado de alquiler más amplio y vertebrado".

El mercado de alquiler español "se reduce cada vez más, a pesar de los negativos efectos que un mercado estrecho de alquiler tiene sobre el de la vivienda". El CES incide que en 2001 había en España 1.615.911 piso en alquiler, 141.558 menos que 10 años antes.

La oferta de pisos en alquiler "no cubre de forma adecuada las necesidades", existiendo "dificultades de acceso como resultado de los altos precios vigentes".

El CES apunta que la expansión y consolidación del mercado de vivienda en alquiler tendría "importantes beneficios", entre los que cita la mayor movilidad laboral, "lo que redundaría en beneficio del empleo".

También resalta que más pisos de alquiler "ampliarían las opciones de consumo de iviendas para las familias y permitiría, al menos, el acceso temporal a una vivienda a un segmento de la población que, de otra manera, no podría disfrutar de ella". Además, "generaría nuevas alternativas de inversión para los agentes económicos".