"El acusado y continuo descenso de la vivienda de protección oficial, en proporción al total de viviendas iniciadas, es espectacular", aunque se observan mejorías leves en los dos últimos años, según indica la Memoria Socioeconómica 2002 del CES, a la que ha tenido acceso Servimedia.

La institución que preside Jaime Montalvo resalta que mientras que el gasto público en vivienda ha permanecido estable en casi todos los países d la UE en los últimos años, en España "se ha producido una importante caída".

El CES resalta el "incumplimiento de la cofinanciación de viviendas de promoción pública para alquiler". Según la Memoria, "sigue pendiente recobrar un mercado de alquiler más amplio y vertebrado".

El mercado de alquiler español "se reduce cada vez más, a pesar de los negativos efectos que un mercado estrecho de alquiler tiene sobre el de la vivienda". El CES incide que en 2001 había en España 1.615.911 pisos en alquile, 141.558 menos que 10 años antes.

La oferta de pisos en alquiler "no cubre de forma adecuada las necesidades existentes", existiendo "dificultades de acceso como resultado de los altos precios vigentes".

El CES apunta que la expansión y consolidación del mercado de vivienda en alquiler tendría "importantes beneficios", entre los que cita la mayor movilidad laboral, "lo que redundaría en beneficio del empleo".

También resalta que más pisos de alquiler "ampliarían las opciones de consumo de vviendas para las familias y permitiría, al menos, el acceso temporal a una vivienda a un segmento de la población que, de otra manera, no podría disfrutar de ella". Además, "generaría nuevas alternativas de inversión para los agentes económicos".

VIVIENDA E INMIGRACION

La Memoria del CES recoge el informe sobre acceso de los jóvenes a la vivienda elaborado hace meses por la institución, pero también dedica un importante apartado a los problemas de los inmigrantes para acceder a un piso.

Según e informe anual del CES, "la accesibilidad a la vivienda libre de la población inmigrante es muy restringida dada su elevada carestía". En el caso de la protegida, el CES incide en la "falta de recursos y de información" de los inmigrantes legales, y la "imposibilidad" en el caso de los ilegales.

"Pero tampoco el acceso de los inmigrantes a una vivienda en alquiler es fácil", indica la institución, ya que "su demanda se suele situar en aquellas viviendas de coste más bajo, cuya escasez es aún mayor y cya oferta generalmente se dirige a otros sectores de la población".

El CES distingue la situación dependiendo de si se trata de una zona rural o residencial. En el caso de las zonas rurales, la temporalidad de los trabajos "redunda inevitablemente en una importante falta de estabilidad residencial, a la que se une un parque de alquiler especialmente reducido y una insuficiencia, mala calidad y localización muy aislada de los alojamientos ofrecidos".

En el caso de las zonas urbanas, "los problemasresidenciales de segregación espacial, falta de habitabilidad, infravivienda y hacinamiento derivados de su necesidad de abaratar los costes de su alojamiento, se traducen en una mayor precariedad residencial que les lleva a optar entre el chabolismo periférico o su concentración en los barrios más degradados de las zonas centrales de las grandes ciudades".