Ramos explicó que esta modificación ha sido introducida durante la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley de videovigilancia, que inicialmente establcía que esa comisión fuese presidida por un magistrado del Tribunal Supremo.

El alto cargo de Interior, que participó hoy en las I Jornadas de Turismo y Seguridad Ciudadana, organizadas en Fuerteventura por la asociación Francisco de Vitoria, indicó que la presencia de los magistrados de los tribunales superiores de justicia dotará a dicha ley de un carácter autonómico, y añadió que esas designaciones se producirán asimismo de forma objetiva.

Por otra parte, señaló que el informe de dicha comisió es preceptivo y vinculante en el caso de la instalación de cámaras fijas en la calle, aunque no ocurra así en el supuesto de las cámaras móviles.

En este último caso, explicó que por su carácter de urgencia no es posible que la comisión tramite un informe previo, aunque señaló que las fuerzas de seguridad deberán informar en el plazo máximo de 72 horas a la comisión de la instalación de estas cámaras móviles.

Esta, a su vez, deberá pronunciarse si es correcta esta instalación, dado que en el cas que considere que no se ajusta a la legalidad, ordenaría su inmediata destrucción, según una enmienda introducida en el anteproyecto a propuesta de Coalición Canaria.

Por otra parte, precisó que las cámaras instaladas en la calle también recogerán sonido ambiente, aunque matizó que no se pretende captar conversaciones privadas que, en el caso de que sean recogidas aleatoriamente, serán también destruídas.

Ramos negó que la videovigilancia tenga la finalidad de captar imágenes indiscriminadas. "N se trata de plagar las calles de cámaras, sino de regular las que ya existen", resaltó.

Tras afirmar que la autorización para instalar las cámaras será por un año prorrogable y que se avisará de ello de forma genérica a la población, anunció que, a iniciativa del PNV, se ha introducido una enmienda que exime de responsabilidad a los organizadores de actos públicos en los que ocurran incidentes, siempre que éstos últimos hayan puesto todos los medios para evitarlos.

Por su parte, José Arteneche, iembro del departamento de Interior del Gobierno vasco, precisó que la regulación de la videovigilancia fue necesaria tras la anulación como prueba por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián de imágenes obtenidas por las fuerzas de seguridad en la calle, lo que, añadió, generó gran polémica en la opinión pública y "una importante inquietud" en los responsables de la administración, funcionarios policiales y sectores de la sociedad.