En declaraciones a Servimedia, Juan Romeo, miembro del secretariado y portavoz en funciones de esta organización, indicó que la colocación de cámaras móviles en las calles para prevenir posibles algaradas es una medida "eficaz y legítima", aunque se mostró contrario a l utilización de cámaras fijas.

"Estimamos", explicó, "que instalar cámaras de manera fija puede no sólo afectar a quienes cometan estos delitos, sino a los ciudadanos corrientes que desarrollan en la calle sus actividades en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales".

En opinión de Romeo, la aplicación de esta medida supone una colisión contra estos derechos y refuerza, además, el estado policial, lo que podría plantear que la colocación de cámaras fijas resultara contrario a la Constitucin.

Asiimismo, puso en duda la eficacia de dichas cámaras, ya que, segÚn dijo, "si los posibles manifestantes saben que existe una vigilancia, podrán medir sus actos futuros de una manera mucho más calculada e intentarán realizarlos en calles donde no puedan ser detectados".

Para el portavoz de JPD, por tanto, el hecho de que se impongan restricciones en el uso de estas cámaras contribuirá a que la medida se lleve a cabo con un cierto rigor, de manera que la vulneración de los derechos fundamentals de las personas sea mínima o nula.

Por otro lado, respecto a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que los jueces que se pasen a la política puedan regresar a la judicatura sin tener que hallarse exentos de la misma durante tres años, como planteaba el Gobierno, sino que pudieran desempeñar su trabajo en un puesto distinto al que ocupaban anteriormente, esta asociación considera positiva la idea.

"El ejercicio de la política es algo legítimo", afirmó Romeo, "mientas que la justicia es imparcial. Por lo tanto, un juez que ha pasado a la política no puede después reincorporarse a un tribunal que tenga conocimiento de materias relacionadas con su vida política".

A su juicio, mantener a un juez en excedencia durante tres años a su vuelta a la judicatura constituye "una medida de castigo", ya que la política, además de legítima, es incluso necesaria.

"La propuesta del Consejo del Poder Judicial nos parece bien, porque no obliga a un magistrado a no desempeñar u trabajo, sino que le da la oportunidad de realizar, al menos, una labor diferente que no hace peligrar el sistema judicial", concluyó.