El secretario geeral de la CAVE, Diego Cruz, señaló, en declaraciones a Servimedia, que distintos colectivos 'abertzales' ya han vertido amenazas contra los ciudadanos que faciliten la labor de los 'ertzainas'.

En este sentido, la CAVE espera del Ministerio del Interior que garantice la seguridad de los vecinos afectados ante la posibilidad de que sean amenazados por los violentos, en el caso de que se descubra la localización de las cámaras fijas.

Los propietarios de las viviendas que la Policía señale como adeuadas para la instalación de las cámaras fijas que permitan grabar posibles acciones violentas en el marco de las algaradas callejeras estarán obligados a consentir el hecho. Así lo establece la disposición séptima del proyecto de ley orgánica que regulará la videovigilancia.

La CAVE, cuya dirección analizó de nuevo esta semana las consecuencias de la aplicación de la citada ley, ya expresó en su día su rechazo al contenido de la futura ley, señalando su posible inconstitucionalidad en lo referente alderecho de manifestación y concentración.

Diego Cruz se preguntó "quién garantizará la integridad de las viviendas y de sus propietarios que pudieran verse amenazados, como ya ha habido algún caso, por ser instalada allí una cámara".

Según reza la disposición antes citada, "los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados por las instalaciones reguladas en esta Ley, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y permitir su coloación y mantenimiento (de las cámaras)".

El proyecto de ley contempla asimismo la posibilidad de que el propietario de la vivienda que servirá de base a la cámara de vídeo se niegue a su colocación. En esa circunstancia, las autoridades policiales, en nombre del Ministerio del Interior, procederán por vía legal mediante la obtención del preceptivo mandamiento judicial.