Dicho anteproyecto fue presentado hoy en Madrid por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero del Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa. En él se avanza en materia de responsabilidades. Hasta ahora, los promotores de las acciones violentas que, por ejemplo, reivindicaban organizaciones de hecho pero no de derecho como la 'Altrnativa Kas', quedaban inmunes desde el punto de vista judicial.

En la actualidad sólo es posible actuar contra las personas físicas a las que se atribuye una acción concreta, lo que asimismo queda en 'agua de borrajas' si el autor o autores van encapuchados. Como la futura Ley orgánica no podrá solucionar tampoco este aspecto, ya que sería necesaria una reforma del Código Penal para actuar contra los enmascarados, la Administración estatal y vasca pretenden que sus promotores no queden exentos de resonsabilidad aunque su presencia en las algaradas no sea física.

En este sentido, el anteproyecto de Ley propone la siguiente definición: "Serán organizadores o promotores quienes hayan comunicado a la autoridad competente la celebración de la concentración o quienes, pese a no exitir convocatoria previa resulten evidentemente promotores de la manifestación por los discursos que pronuncien, los impresos que repartan, los lemas o pancartas que ostente o cualquier otro signo que pueda determinar razonablmente que son inspiradores de las manifestaciones".

Este tipo de concentraciones convocadas por el entorno abertzale sin previa autorización gubernativa, la mayoría de las cuales se saldan con acciones violentas, serán objeto de vigilancia por parte de cámaras de vídeo que rodarán los acontecimientos.

DERECHO A LA INTIMIDAD

Con el objeto de velar por el derecho a la intimidad de los ciudadanos, una de las cuestiones que IU, que se opone de entrada al anteproyecto, pretende corregir, la Policía nunciará con antelación de la colocación de cámaras estáticas y/o móviles en el lugar señalado, así como de la autoridad policial que dirija la operación de video-vigilancia.

Al respecto, la futura Ley establecerá la prohibición de rodar en interiores, como portales, patios, etc..., quedando sólo permitido el uso de cámaras en espacios públicos. El Ministerio del Interior y, en el caso de Euskadi, la Consejería del Interior, deberán aprobar previamente la idoneidad de rodar tanto en espacios públicos omo en interiores tras acreditarse la existencia de un peligro genérico en la zona a vigilar.

En cualquier caso, una comisión judicial creada a tal fin y a la que estarán adscritos un magistrado del Tribunal Supremo y otro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, supervisarán y analizarán en todos los casos el uso del vídeo y el contenido de las cintas.

El anteproyecto hoy presentado recoge asímismo el derecho de un ciudadano que haya sido objeto de grabación a solicitar la destrucción d la cinta por entender que se ha violado su derecho a la intimidad. En este caso, será la comisión judicial la que decida al respecto.

En todos los casos, la normativa establecerá la obligación por parte de la Policía de entregar a los jueces los vídeos grabados en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, las cintas deberán ser destruídas antes de transcurrir dos meses desde que fueran grabadas.

Por otra parte, con el objeto de impedir que las cintas que graben los funcionarios de la Ertzaintza puean ser alteradas o trucadas, la Ley establecerá sanciones administrativas en el marco del régimen disciplinario de la Policía.

El anteproyecto hoy presentado será remitido al Consejo General del Poder Judicial, que a su vez lo remitirá al Consejo de Estado para que, una vez en forma de proyecto de Ley, sea aprobado por el Consejo de Ministros y, posteriormente, debatido en el Congreso de los Diputados.