Una delegación de este grupo de trabajo, que ha estado presidido por el catedrático y ex ministo de Universidades Luis González Seara, entregó hoy el documento a la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que posteriormente lo presentó a los medios de comunicación.

Aguirre mostró su satisfacción por este acuerdo, porque dijo que colma uno de los principales objetivos marcados por el Gobierno en materia de estudios superiores, que era reducir el elevado número de asignaturas en la Universidad, cuya media es de 18, y en algunas carreras alcanzaba las 24 por curso.

"Esta es una buenísima noicia, porque es una mejora que venían demandando los estudiantes", explicó la ministra. "Habrá menos asignaturas, pero serán más grandes".

Junto a la reducción de asignaturas, el acuerdo establece también en materia de reforma de planes de estudios una nueva definición del "crédito" como unidad de valoración de las enseñanzas.

Este crédito seguirá correspondiendo a diez horas de enseñanza teórica, práctica o equivalentes, pero a partir de ahora en esa consideración de "equivalentes" se podrán incuir actividades académicas dirigidas (por ejemplo, trabajos de investigación), que estarán recogidos en el correspondiente plan docente y serán evaluados.

En ningún caso, el porcentaje del crédito correspondiente a las actividades académicas dirigidas será superior al 30 por ciento.

FIN DE LA "ENDOGAMIA"

Por lo que se refiere a la carrera docente, la modificación principal que introduce el acuerdo es que se intentará dotar de una mayor imparcialidad a los tribunales examinadores, con el fin de vitar la denominada "endogamia", que provoca que la mayoría de profesores acceda a la carrera más por su amistad con profesores titulares que por su verdadera capacidad académica.

Actualmente, los tribunales están formados por cinco miembros, dos de ellos pertenecientes a la universidad en la que se examina el aspirante y otros tres que pueden pertenecer a una misma universidad.

A partir del próximo curso, el tribunal tendrá cinco miembros, pero sólo uno de ellos podrá ser de la universidad en laque se convoca la plaza, y los otros cuatro tendrán que formar parte de cuatro universidades distintas.

"Se va a desterrar la endogamia que desgraciadamente se venía produciendo en el acceso a la carrera docente", señaló la ministra.

El concurso de acceso también será modificado. Constará de una memoria de la materia propia de la plaza, una exposición pública de un tema del programa del candidato (que pasará a ser elegido por la comisión juzgadora y no por el candidato, como ahora) y una prueba páctica.

Para responder a las demandas de los rectores, que se quejaban del elevado número de profesores en situación laboral inestable, el acuerdo prevé nuevas categorías de personal docente contratado.

La primera categoría, la de "profesor colaborador", que permitirá modalidades de dedicación a tiempo completo, parcial y para servicios docentes determinados, como cierta materia o número de créditos.

La segunda modalidad nueva será la de "profesor contratado doctor", que será un contrato a tempo completo, de amplia duración y renovable tras una evaluación positiva de su labor.

Estas categorías se sumarán en el área de personal contratado a las ya existentes de ayudante de facultad y profesor asociado. Entre los profesores funcionarios estarán las categorías de profesor titular y catedrático.

Carles Solà, presidente de la Conferencia de Rectores, aseguró que el documento satisface "plenamente" las aspiraciones de los rectores, sobre todo en la parcela del profesorado, al crearse nuevs categorías de gran flexibilidad.

No obstante, Solà aclaró que el acuerdo sólo influirá a dos cuestiones de los planes de estudio y la reforma docente, aunque ahora habrá que afrontar otros problemas que afectan a los estudios superiores y que son de más profundidad.

Luis González Seara se felicitó del acuerdo, que explicó que se ha alcanzado en menos de un mes porque los temas de discusión estaban ya muy maduros.

En el caso de los planes de estudio, será el Consejo de Universidades el que pruebe la reforma, y en el caso de la carrera docente, el Gobierno tendrá que aprobar un proyecto de ley de modificación de la vigente Ley de Reforma Universitaria (LRU).