La iniciativa la registró el grupo confederal el 2 de septiembre, en plena subida de los precios de la energía, con el enunciado "proposición de Ley por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial 'Producción Energética Española'”.

El 30 de noviembre, la portavoz adjunta del grupo, Sofía Castañón, y el coordinador de Alianza Verde y también diputado, Juantxo López de Uralde, anunciaron que sería la primera que llevarían al Pleno del Congreso en cuanto tuvieran cupo para ello, subrayando que con esa empresa pública se pretende “garantizar los suministros básicos para toda la ciudadanía”, y que, una vez finalizada la Cumbre del Clima de Glasgow, “se tiene que pasar a la acción política”. Unían así la vertiente social con la ecológica, dos banderas del grupo confederal.

El momento llega este martes a las 15.00 horas, apenas cinco días después de que el Grupo Socialista impidiera con sus votos que se aprobara una proposición no de ley de Unidas Podemos que instaba a una reforma fiscal que incluyera, entre otras cosas, la creación de un impuesto a las grandes fortunas, la subida de los tipos a los tramos más altos del IRPF y el incremento de un 10% en el Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas. También contemplaba la reducción del IVA al tipo superreducido a los proyectos de higiene femenina y los veterinarios.

La iniciativa fue rechazada con 278 votos en contra y 52 a favor, por lo que si los 130 del PSOE hubieran pasado de engrosar los primeros a sumarse a los segundos y se hubieran añadido a los de Unidas Podemos, ERC, BNG, EH Bildu, Más País, CUP y Compromís (las cuatro últimas fuerzas parlamentarias transaccionaron una enmienda con el grupo proponente), la propuesta habría salido adelante. Los alineamientos a favor y en contra se repetirán previsiblemente este martes con la empresa pública de energía, pero hay una diferencia entre ambas iniciativas.

El rechazo del PSOE a la reforma fiscal de UP estaba cantado desde que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la tachó de "inoportuna" por haberse anticipado al informe del comité de expertos constituido por su departamento como punto de partida de la reforma fiscal, que se espera para finales de mes. En cambio, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sostiene que la propuesta sólo aplica de forma "ambiciosa" el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de avanzar en la progresividad impositiva. Y he aquí lo que diferencia la propuesta fiscal de la reivindicación de una empresa pública de energía: que ésta última no se incluyó en el pacto de enero de 2020.

MAYORÍA PROGRESISTA

Según pudo saber Servimedia, pese a la coincidencia en dos semanas consecutivas de ambas propuestas, Unidas Podemos no pretende hacer sangre ni verbalizar grandes reproches al PSOE cuando, siguiendo la posición ya expuesta en otras ocasiones por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sus votos vuelvan a ser decisivos para tumbar la iniciativa. Precisamente porque el grupo confederal distingue entre el 'pacta sunt servanda' (los pactos están para cumplirse) y las propuestas partidistas que no entraron en el acuerdo de Gobierno.

Lo que Unidas Podemos intenta con su idea de crear una empresa pública de energía es, ciertamente, marcar distancias con el PSOE, pero, sobre todo, poner en escena otros dos mensajes. Por un lado, reunir de nuevo a la mayoría progresista y en particular a ERC y EH Bildu, que votaron en contra de la reforma laboral, para ir recuperando la sintonía que quedó maltrecha en la convalidación del decreto-ley impulsado por la ministra de Trabajo y líder oficiosa del espacio confederal, Yolanda Díaz.

Por otro lado, el espacio confederal quiere ensayar un ejemplo práctico de un estribillo que viene repitiendo desde las elecciones de Castilla y León: que, para contener la tendencia ascendente que está experimentando Vox y para desviar el foco mediático de los marcos que interesan a la derecha, el Gobierno tiene que aprobar medidas valientes y ambiciosas, que mejoren las condiciones de vida de las mayoría sociales, y forzar debates que hablen de ellas y no de otros temas.

Por eso, aunque no se pretenda poner contra las cuerdas a los socialistas, no sería de extrañar que el martes se oyeran mensajes como los que en el debate parlamentario de la reforma fiscal quiso lanzar el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a “nuestros queridos socios del PSOE”: que apoyarla “implica ponerse enfrente de gente muy poderosa, pero es vital para la gente humilde”, y que “a los reaccionarios no se les frena con acuerdos de gran coalición, sino dando pasos como éste”.

Este lunes, el coportavoz de la Ejecutiva de Podemos Pablo Fernández ya avanzó este enfoque al defender que es una cuestión que “hay que poner encima de la mesa y es necesario abordar de forma inmediata”. Por eso dijo confiar en que “el Partido Socialista haga una reflexión y llegue a apoyar la proposición de ley”.

Constató que aquí el PSOE y Unidas Podemos tienen “posiciones divergentes” y que esta medida no se incluyó en el acuerdo de gobierno, pero recalcó que “es bueno abrir esos debates” porque “es imprescindible implementar medidas que sean más valientes, más ambiciosas” y “que doten de certidumbres a nuestros ciudadanos” de "cara a frenar el auge de la ultraderecha”.

ARRASTRAR AL PSOE

Fernández apeló a que “no es la primera vez ni la segunda ni la tercera que conseguimos convencer, arrastrar al PSOE a posiciones verdaderamente de izquierdas”, pero en principio fuentes del espacio confederal conceden que es difícil que la iniciativa vaya a contar con el respaldo socialista. En cambio, cuentan con que las demás fuerzas parlamentarias de izquierda apoyen la proposición.

El texto que somete a debate Unidas Podemos contempla que la hipotética empresa Producción Energética Española (EPE) irá "asumiendo las concesiones (hidroeléctricas) una vez se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra", y podrá emprender "la creación de nuevas plantas de generación eléctrica en base a energías renovables", tal y como reza la exposición de motivos de la propuesta. Además, podrá actuar "como empresa comercializadora de energía".

Desde el punto de vista ecologista, la iniciativa justifica que "actualmente, el mercado eléctrico está dominado por un oligopolio privado, lo que dificulta que se puedan alcanzar los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo respaldado por un control democrático". Según fuentes del grupo, "será un agente esencial a la hora de alcanzar los objetivos planteados en el horizonte verde empujando hacia la transformación del mercado eléctrico".

En cuanto a sus efectos sobre los ciudadanos, la EPE "se ocupará de implementar una rebaja en la factura de la luz y de garantizar que nadie sufra pobreza energética", para lo cual "trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales ya creadas o que se puedan crear en el futuro para la comercialización y la gestión de su propia energía". UP entendía ya en septiembre esta empresa pública como "una medida estructural a medio plazo", que "complementa a la propuesta para poner un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo al megavatio hidroeléctrico como medida estructural pero inmediata para bajar la factura de la luz", que aprobó el Gobierno por entonces.

En el dudoso caso de que se aprobara la proposición de ley, una vez salvado el primer trámite de este martes de toma en consideración, con lo que comenzaría su tramitación parlamentaria, ordenaría la creación de la EPE en el plazo máximo de un año, aunque seis meses antes se haría una auditoría para aclarar el estado de las concesiones hidráulicas existentes. El organismo, según el articulado de la propuesta, quedaría adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y contaría con un patrimonio propio distinto del de la Administración General del Estado, aunque podría recibir transferencias y dotaciones presupuestarias. Sin embargo, generaría ingresos derivados de propia actividad de producción, gestión y comercialización.

Unidas Podemos denuncia que el mercado eléctrico de España es el segundo más privatizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo por detrás de Portugal, ya que la energía eléctrica producida por el sector público español supone únicamente el 5% del total. Países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía, subrayan fuentes del grupo, y la OCDE calcula que estas empresas estatales aglutinan el 62% de la potencia eléctrica instalada.