La "Declaración de Madrid" surge, según sus firmantes, del interés por trabajar a favor de la "alfabetización mediática", conscientes de que las tecnologías de la información y los medios de comunicación son, bien empleados, herramientas indispensables para el desarrollo educativo y cultural.

Uno de los objetivos de los promotores es obtener compromisos para la mejora y control de los contenidos audiovisuales y la implicación de los gobiernos en políticas de comunicación que garanticen la pluralidad y la independencia.

Entre los firmantes del texto figuran la Asociación de la Prensa de Madrid, Defensor del Menor, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, CCOO, UGT, Asociación de Usuarios de la Comunicación, Cruz Roja, Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes, Save the Children, Unesco yUnicef.

Durante el acto de presentación, los firmantes del texto destacaron que los medios de comunicación son "instrumentos prioritarios de ocio, entretenimiento y, de forma más matizada, de aprendizaje para las niñas y los niños españoles".

Subrayaron que "en los últimos años se ha producido una profunda involución en el desarrollo de la educación y alfabetización mediáticas a pesar de la enorme importancia que los medios de comunicación tienen en la adquisición de conocimientos, valores, hábitos y comportamientos y, en definitiva, en su potencial capacidad para contribuir a la formación de personas más activas, críticas, comunicativamente competentes y, por consiguiente, más libres".

Según las organizaciones responsables de la declaración, "esa indefensión y las mencionadas carencias de formación pueden ser aún más graves en la actual etapa de digitalización y convergencia tecnológica". En su opinión, "es fundamental alcanzar un nuevo paradigma en el ámbito de la comunicación social que asegure la participación en la toma de decisiones públicas de todos los agentes implicados".

"La infancia debe ser el grupo participante y destinatario prioritario en una educación para la comunicación", resaltan los firmantes del texto, que exigen el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional sobre los medios de comunicación y la protección de la infancia y la adolescencia.

Asimismo, reclaman la creación, a la mayor brevedad, de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal, independiente y de composición plural, encargado de supervisar el cumplimiento de las leyes y que tenga capacidad sancionadora.

Estas organizaciones demandan también el diseño de un plan de educación global en comunicación que asegure la formación en el uso de los medios y la tecnología de la información, así como en la elaboración y análisis de los mensajes. Consideran necesaria la inclusión y el reconocimiento de la educación en comunicación y de la enseñanza de los medios y de las tecnologías de la información en los programas escolares.

Finalmente, reclaman la potenciación por parte de los gobiernos de una política de comunicación que garantice la pluralidad de oferta, la existencia de proveedores de contenido independientes, el mantenimiento de operadores públicos y sociales sin ánimo de lucro y la promoción de políticas coordinadas desde el punto de vista local, autonómico, nacional, europeo e internacional que hagan visible el diseño, producción y difusión de contenidos de calidad, útiles para la educación e innovadores y positivos para la infancia.