La denunciante, Sharon Coleman, pidió esta medida a la directiva del bufete de abogados para el que trabajaba tras el nacimiento de su hijo en 2002, que tiene sordera e insuficiencia respiratoria severa, pero su empresa se la negó y le obligó a firmar la baja voluntaria en 2005.

Sin embargo, la firma concedía a otros empleados con hijos sin discapacidad permisos y otras facilidades, como trabajar desde su casa, para que pudieran hacerse cargo de ellos.

Por ello, Coleman acudió a los tribunales de su país denunciando esta situación discriminatoria, y su caso llegó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de Luxemburgo que le dio la razón, en virtud de la Directiva Europea para la Igualdad de trato en El empleo y la Ocupación de 2000.

Ahora el Tribunal de Empleo británico confirma la sentencia de la alta institución jurídica europea, lo que clarifica la interpretación de la ley antidiscriminación de Inglaterra y Gales, que de este modo no sólo protegerá a personas con discapacidad, sino también a los que cuidan de ellos.

La decisión judicial sienta un precedente que podría beneficiar a 2,5 millones de trabajadores británicos que se ocupan de familiares con discapacidad, mayores o con enfermedades crónicas.