El letrado Manuel Villacorta, del despacho Martín Chico, mostró su punto de vista "diferente" respecto al de la Asociación Yak-42, que ha anunciado la interposición de una denuncia penal por el accidente y también reclamar las indemnizaciones a través de un proceso contencioso-administrativo.

Vilacorta declaró a Servimedia que en estas iniciativas ve "una mezcla de intereses jurídicos y políticos", que van "más allá" de la pura defensa de los intereses de los afectados. El letrado dijo no comprender por qué se recurre a la vía penal, qué se pretende con ello y auguró que esta denuncia "no va a llegar a ningún sitio".

El letrado vaticinó que el proceso civil elegido por su despacho podría estar concluido en el plazo de un año o año y medio desde que se presente la demanda, siendo además la setencia ejecutiva aunque sea recurrida.

Sin embargo, la vía contencioso-administrativa podría prolongarse hasta 6 ó 7 años, según Villacorta, quien además dudó del éxito de esta acción ya que no encuentra un "vínculo directo" entre la acción de la Administración y el "error del piloto", que se apunta como causa clara del accidente.

Los abogados de esta quincena de familiares esperan poder presentar la demanda en el juzgado de Zaragoza en menos de un mes, ya que están a la espera de que el Ministero les remita documentación como los certificados de ingresos de los militares muertos en los últimos tres ejercicios o sus "perfiles de carrera", es decir, el nivel de empleo y nivel de ingresos que podrían haber alcanzado en el futuro, para, en función de ellos, reclamar las indemnizaciones.

En cuanto a la actitud del Ministerio de Defensa en todo este asunto, de la que se quejan los miembros de la Asociación Yak-42, Villacorta dijo que ha sido recibido en dos ocasiones por el secretario general de Plítica de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, y que la colaboración ha sido "positiva", aunque reconoció que los trámites, "como en toda la Administración, son más lentos de lo que nos gustaría".

El letrado se defendió de las acusaciones que tildan a Martín Chico como "el despacho de abogados del Ministerio de Defensa" diciendo que para ellos es "prioritario" lograr el mejor futuro posible para las "más de 40 viudas con niños pequeños" que ha dejado el accidente. "Las responsabilidades políticas no son un prioridad para nosotros", concluyó.