La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relata que para obtener sustanciosos beneficios, los condenados concibieron un plan que consistía en contratar pólizas con distintas aseuradoras que cubrían, entre otros riesgos, el robo en el domicilio que ambos compartían, a fin de cobrar indemnizaciones aparentando que se había perpetrado un robo en dicha vivienda.

Durante el periodo comprendido entre junio de 1992 y marzo de 1995, los condenados denunciaron la desaparición de trece abrigos o chaquetones de visón, cinco chaquetones de zorro y un abrigo de lince, 22 piezas de joyería y relojería de la marca 'Cartier', por un importe de más de 32 millones de pesetas. No obstante, losacusados no presentaron ninguna factura o documento para acreditar la existencia de estos objetos.

El Alto Tribunal explica que hay una serie de indicios que llevan a pensar que realmente nunca se produjeron esos robos, como que no se tomasen las medidas necesarias para evitar que se repitieran, la sucesión de pólizas de seguros contratadas con distintas compañías, el hecho de que se diera el parte de un mismo supuesto robo a dos aseguradoras para cobrar por partida doble, o la declaración de un testio y vecino en el sentido de que en el periodo en que los condenados denunciaron ocho robos, sólo otro miembro de la comunidad había sufrido un delito similar.

Estos hechos constituyen para el Supremo un delito continuado de estafa y un delito continuado de simulación de delito, por lo que condena a la pareja a penas de prisión menor y a pagar 37.127.526 en indemnizaciones a las compañías Aegón Unión Aseguradora, S.A.; Centro Asegurador, S.A.; Aurora Polar S.A. de Seguros y Reaseguros, Banco Vitalicio e España y Nacional Hispánica, S.A.; Assicurazioni Generali S.P.A. y AGF-Unión Fénix, S.A.

LA EX MUJER SE UNE AL PLAN

Además, el Supremo condena también a la ex esposa del condenado, quien al enterarse de lo que hacía la pareja adoptó el mismo método y denunció dos robos en su casa que no se habían producido para cobrar indemnizaciones del Banco Vitalicio y la Compañía Comercial Unión España, S.A., por un valor total de casi 7,5 millones de pesetas.

Para el Alto Tribunal, esta actuación supone n delito continuado de estafa y otro de simulación de delito, por lo que le impone cinco meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa.

De este modo, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia en el mismo sentido dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, el magistrado Enrique Bacigalupo emite un voto particular en el que considera que con esta condena se infringió el derecho a la presunción de inocencia, pues se presupone que los robos son falsos cuando, a su juicio, no hay pruebade ello.