La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribual Supremo relata que, "para obtener importantes beneficios", los condenados concibieron un plan que consistía en contratar pólizas con distintas aseguradoras que cubrían, entre otros riesgos, el robo en el domicilio que ambos compartían, a fin de cobrar indemnizaciones "aparentando que se había perpetrado un robo en dicha vivienda".

Durante el periodo comprendido entre junio de 1992 y marzo de 1995, los condenados denunciaron la desaparición de trece abrigos o chaquetones de visón, cinco chaquetones e zorro y un abrigo de lince, 22 piezas de joyería y relojería de la marca 'Cartier', por un importe de más de 32 millones de pesetas. No obstante, los acusados no presentaron ninguna factura o documento para acreditar la existencia de estos objetos.

Para el Supremo, hay una serie de indicios que llevan a pensar que realmente nunca se produjeron esos robos, como que no se tomasen las medidas necesarias para evitar que se repitieran los atracos, la sucesión de pólizas de seguros con distintas compañías el hecho de que se diera el parte de una misma supuesto sustracción a dos aseguradoras para cobrar por partida doble, o la declaración de un testigo y vecino en el sentido de que en el periodo en que los condenados denunciaron ocho robos, sólo otro miembro de la comunidad había sufrido un atraco.

Para el Supremo, los hechos son constitutivos de estafa continuada y de simulación de delito, ambos de forma continuada, por lo que condena a la pareja a dos años y diez meses de prisión menor y a pagar 37.17.526 pesetas en indemnizaciones a las compañías Aegón Unión Aseguradora, S.A.; Centro Asegurador, S.A.; Aurora Polar S.A. de Seguros y Reaseguros, Banco Vitalicio de España y Nacional Hispánica, S.A.; Assicurazioni Generall S.P.A. y AGF-Unión Fénix, S.A.

LA EX MUJER SE UNE AL PLAN

Además, el Supremo condena también a la ex esposa del condenado, quien al enterarse de lo que hacía la pareja adoptó el mismo método y denunció dos robos en su casa que no se habían producido, con el fin de cobrar indemniaciones del Banco Vitalicio y la Compañía Comercial Unión España, S.A., por un valor total de casi 7,5 millones de pesetas.

Para el Alto Tribunal, esta actuación es constitutiva también de estafa continuada y de simulación de delito, por lo que le impone cinco meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa

De este modo, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, el magistrado Enrique Bacigalupo emite un voto particular, en el que consiera que con esta condena se infringió el derecho a la presunción de inocencia, pues se presupone que los robos son falsos cuando, a su juicio, no hay prueba de ello.