Esas grabaciones están en el sumario del ‘caso Tándem’ y la jueza las reclama mediante una comisión rogatoria dirigida al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y poder así incorporarlas a la investigación que comanda contra los hermanos Cierco, el empresario Alberto Pedraza y el propio Villarejo por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y contra el prestigio de las instituciones.

En su petición, la jueza indica que Villarejo podría haber sido contratado por los máximos responsables de BPA con el objetivo de “recoger y fabricar información a la carta e influenciar sobre sectores, organizaciones y personas con la finalidad de arremeter contra las instituciones del Estado andorrano” y poder así “extorsionar al poder legislativo y judicial del Principado de Andorra y las corporaciones andorranas y financieras”.

BPA fue intervenida y después liquidada tras un procedimiento iniciado como consecuencia de las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos que consideraba a la entidad involucrada en procesos de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales.

La abogada de los hermanos Cierco, Maribel Lafoz, se reunió con Villarejo en Madrid en presencia del empresario Alberto Pedraza en enero de 2017. En ese encuentro, le pidió al excomisario una declaración ante notario en la que inculpara al exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, por presionar al banco para que le facilitara información sobre las finanzas de la familia Pujol bajo la amenaza de forzar el cierre del banco.

Villarejo se negó, con el argumento de que le podrían acusar de un delito de revelación de secretos. Pero BPA contrató sus servicios para obtener evidencias que permitieran “arremeter contra las instituciones” del Principado, a cambio de pagos periódicos de 200.000 euros.

Esta jueza ya pidió en junio pasado a través de otra comisión rogatoria las agendas y anotaciones de Villarejo que servirían de base para imputar a los investigados un delito contra el prestigio de las instituciones, tipificado en el Código Penal andorrano. El juez Manuel García Castellón ha dado traslado a la Fiscalía de la comisión rogatoria para que emita informe antes de decidir si entrega o no la documentación solicitada.