La asociación asegura en su querella que la única intención del magistrado al abrir una investigación sobre la desaparición de 130.000 personas durante la Guerra Civil era "estar presente cuando se abriera la fosa donde descansa el cuerpo de Federico García Lorca" y no la de concluir el proceso iniciado.

En concreto, Libertad e Identidad acusa al magistrado de prevaricación, fraude de ley, ilegalidad y de haber iniciado una investigación sin que existiera urgencia.

Con respecto al fraude de ley, los querellantes aseguran que Garzón "ha eludido por un lado las normas de prescripción de delitos, irretroactividad de la norma penal, pero por otro lado, ha aplicado otras normas no procedentes como convenios internacionales y delitos de detención ilegal permanente y contra la forma de gobierno".

Además, la asociación entiende que el juez no respetó el principio de legalidad al dejar "sin aplicación" la Ley de Amnistía de 1977, una norma "establecida por las mismas Cortes Constituyentes y que supuso el perdón a todas las personas implicadas en posibles delitos en la Guerra Civil".

Pero la acusación más grave es la de haber dictado resoluciones "a sabiendas de que era injustas", es decir, el haber incurrido en un delito de prevaricación. Como prueba, la asociación señala Garzón dictó autos en los que, "en unos términos durísimos para los abogados, no admitía una querella contra Santiago Carrillo (para juzgar su responsabilidad en los crímenes en la Guerra Civil)".

"No se entiende que el juez afirme que no se puede juzgar a Santiago Carrillo por los mismos supuestos delitos por los que, por otro lado, sí quiere juzgar a otras personas relacionadas con la Guerra Civil. Si los delitos han prescrito, ¿por qué para unos sí y otros no?", se pregunta Libertad e Identidad.

Por último, consideran que no existía "urgencia ni necesidad vital para adoptar las medidas que el magistrado pretendió llevar a cabo sin ser competente".