Según la funcionaria Zabarte Marftínez, semejante eventualidad tiene, además, una defensa jurídica "dificilísima".

La subdirectora general hizo estas declaraciones en una mesa redonda sobre "El problema de la droga ¿son posibles nuevos planteamientos?", celebrada en la Universidad Complutense de verano de El Escorial y en la que participaron también el asesor del Ministerio de Juticia, Miguel Cid, y los abogados José Antonio Alonso y Gerardo Viada.

Dos únicos planteamientos para luchar contra la droga expusieron los participantes en la sesión: su represión o su legalización.

Sobre una legalización controlada de los estupefacientes en España, Zabarte Martínez declaró que podría ser una medida "posible, pero poco probable", porque debería ir acompañada de medidas similares en otros países.

Zabarte Martínez explicó que España ha optado por incorporarse "inequívocamente a la política de represión de la droga dictada por la Convención de las Naciones Unidas de 1988 y no se ha opuesto a esta estrategia en ningún foro internacional.

Por su parte, los abogados defendieron la legalización de los narcóticos por la corrupción política que han desatado y por haberse convertido en el primer o segundo negocio del mundo, al tiempo que estimaron que se trata de un problema "que se nos ha escapado de las manos".

Los defensores de la legalización manifestaron que, en vista dl fracaso que ha supuesto la política represiva contra la droga en todos los ámbitos (social, económico, policial), habría que arriesgarse con otras estrategias.

Sin embargo, todos coincidieron en que los gobiernos desarrollen políticas sanitarias y de distribución controlada para los toxicómanos, así como campañas de sensibilización contra la droga.

En España, y según informó Zabarte Martínez, durante el pasado año 3.567 personas iniciaron en España tratamiento controlado con sustancias opiáceasque fueron suministradas en 98 centros, gracias a un decreto de 1990 que permite su administración en centros sanitarios.

Por su parte, Miguel Cid, tras informar del efecto social que tiene la droga en las prisiones, donde dijo que el 48 por ciento de los que ingresan son drogodependientes, comentó que el nuevo Código Penal, en fase de elaboración, excluye la penalización del consumo, aunque son duramente castigadas conductas como el "blanqueo" de dinero procedente de este negocio.

Respecto la coversisión de los fondos procedentes del tráfico de drogas en dinero "limpio", el Gobierno cerró ayer, viernes, la entidad española del Bank of Credit and Commerce (BCC), dentro de una operación concertada con otros países europeos, por considerar que había indicios racionales de su relación con fondos procedentes del narcotráfico.