Esta es una de las directrices que, según Ayala, ha sido ya remitida a todas las federaciones de la central para que sean tenidas en cuenta por los dlegados sindicales en la negociaciación colectiva del año que viene.

La responsable de Acción Social de UGT hizo estas declaraciones en la presentación de una guía para delegados sobre "Prevención de las Drogodependencias en las Empresas", en la que pretenden que los representantes sindicales "sirvan de mediadores entre el afectado y la dirección para obtener ayudas directas".

Entre las medidas concretas que los delegados de UGT pedirán a la patronal destaca la obtención de apoyo económico o de prmisos para poder acceder a programas de reinserción, manteniendo la más absoluta confidencialidad y garantizando el mantenimiento del puesto de trabajo.

Ayala reconoció que cualquier inicitiva sindical de este tipo supone "señalar" al trabajador con adicciones ante la empresa, con el consiguiente riesgo de despido, pero advirtió que ese tipo de medidas represoras "son ilegales" y que "la sóla presencia del sindicato supone una defensa de los derechos del afectado".

Además, dijo que esta propuest ya estaba, aunque de forma menos concreta, en la negociación de los convenios de 1991, y señaló que la edición de la guía responde, precisamente, a la necesidad de mejorar la cultura sindical y evitar que estos planteamientos sean los primeros en caerse de las tablas de reivindicación.

La sindicalista calificó de "ineficaz" la política del Gobierno para atacar el problema de las drogodependencias en España, y dijo que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, propuesto por el Ministerio del Interior "defiende un modelo represivo y de orden público para resolver el problema, cuando lo realmente necesario son medidas de inserción psicosocial".

A su juicio, el trato que otorga la Ley a los drogodependientes "no ataca el problema de raíz, ya que no vemos un endurecimiento de la acción policial tan grande para saber quienes se encuentran detrás del tráfico de drogas y quienes ganan fortunas con ello".

Criticó también la falta de iniciativas sociales, por parte de la Administración, para mejorar as posibilidades de reinserción y reducir la prevención. "El Gobierno", añadió, "debería preocuparse más de este tipo de prestaciones en vez de atender constantemente al panorama macroeconómico para solucionar los problemas".

Inés Ayala explicó que las empresas "son entornos en los que se puede evitar gran parte de las dependencias que surgen entre la población asalariada, sobre todo al alcohol, ya que las afecciones de 'stress', insatisfacción o inseguridad laboral pueden derivar en el consumo de droas como supuesta válvula de escape".

Indicó que las peticiones sobre reinserción para adicciones que UGT llevará a la negociaición colectiva, no son más que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "que obliga a las empresas a crear planes de rehabilitación para sus trabajadores, garantizando la confidencialidad y el mantenimiento del empleo".