Así lo advirtió en el marco del encuentro de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU) ‘Building Company Networs in Social Care: Domus Vi (LTC) and Dibber (ECEC)’, celebrado en Bruselas y en el que trasladó su “preocupación” por las condiciones laborales y por el futuro del sector de la ayuda a domicilio, según precisó el sindicato en un comunicado.

Durante su intervención en esta reunión que trata de la construcción de redes de empresas de asistencia social, la responsable de Salud y Dependencia de UGT Servicios Públicos, Ana Francés, señaló que el colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio ha recibido “un importante varapalo” con el real decreto por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

En este contexto, la organización recordó que siempre ha “apostado” por la profesionalización del sector desde el nacimiento de la Ley de Dependencia y considera que incluir a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma regulación que las empleadas domésticas “supone un claro retroceso”.

Tras puntualizar que dicho real decreto implica “un avance” en la “protección” de las empleadas de hogar, advirtió de que, sin embargo, “confunde ámbitos laborales y profesionales muy distintos”.

"EL GOBIERNO HA GENERADO UN PROBLEMA"

“El Gobierno ha generado un problema, pues, lejos de diferenciar los ámbitos laborales y profesionales tan distintos de las empleadas domésticas y de las auxiliares de ayuda a domicilio, ha incluido en la misma regulación a un colectivo, el de ayuda a domicilio, que ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio propio”, abundó.

En la misma línea, criticó que el Ejecutivo “no aborda algunas de las mayores lacras del sector”, como son, a su entender, la infrafinanciación y la Ley de Desindexación de la economía española.

“En un sector cuyo elemento principal es la mano de obra, los problemas de la contratación pública y su correcta ejecución son acuciantes”, prosiguió, al tiempo que aseveró que los “dos principales problemas” son, por una parte, la “imposibilidad” de revisar sus precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales, que “limita y empeora” las condiciones laborales de las trabajadoras y, por otra parte, el establecimiento de un precio de licitación que “no garantiza ni la calidad del servicio a prestar, ni los costes laborales del convenio aplicable en el mismo”.