De acuerdo con la UCE, en la myoría de las quejas presentadas se ha constatado que los compradores de apartamentos en régimen de tiempo compartido se encuentran indefensos ante las numerosas estafas que surgen en este sector.

La UCE explica que en el 93 por ciento de los casos se ha producido publicidad engañosa, pero señala que el problema fundamental continúa siendo la resolución del contrato, que ha dado lugar al 43 por ciento de las quejas y consultas.

Según la UCE, frecuentemente las denuncias de los consumidores surgen orque ha desaparecido la empresa a la que compraron una semana de vacaciones en tiempo compartido (el 23 por ciento del total).

Esta organización de consumidores recuerda que, según la última inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (CAM), sólo en Madrid han desaparecido este año la mitad de las empresas censadas en la actividad de multipropiedad (19 de un total de 40).

La UCE ha atendido también numerosas denuncias que afectan a la formalización del contato como a las escrituras (un 15 por ciento del total), irregularidades en el intercambio (13 por ciento) y al funcionamiento y dotación del complejo inmobiliario (6 por ciento).

Por regiones, cerca de la mitad de los complejos turísticos que dieron lugar a denuncias se encuentran en la Costa del Sol y en las Islas Canarias. Les siguen los complejos de multipropiedad de la comunidad autónoma de Valencia y Baleares.

Además de las reclamaciones presentadas ante la UCE, esta organización informa quela Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Madrid, que sólo atienden reclamaciones estrictamente locales, han recibido en 1994 cerca de 360 consultas, de las que la mitad se concretaron en denuncias.

La UCE destaca que algunos de los contratos que motivaron la reclamación hacen renunciar expresamente al comprador al fuero de los tribunales españoles, remitiéndole para posibles denuncias a la Isla de Man o a otro paraíso fiscal, y que otros subroganal cliente en un crédito que ha solicitado la empresa vendedora y del que el consumidor no tiene conocimiento.