En concreto, los magistrados exigen a la Administración que adopte las medidas necesarias para que dicha alumna, junto a sus compañeros, reciba una enseñanza bilingüe en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en al menos una cuarta parte del horario lectivo.

La Sala adopta esta decisión mientras se tramita el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente el pasado 19 de febrero, en aplicación del principio ‘fumus boni iuris’ o apariencia del buen derecho. El auto no es firme y puede ser recurrido en súplica en el plazo de cinco días.