En su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda de la Cámara Alta, Trujillo resaltó que esta nueva norma supone "la mayor reforma de la normativa sobre edificación de los últimos treinta años en España y, además, un impulso sin precedentes en la modernización y para el aumento de la productividad y competitividad en el sector de la edificación".

A partir del viernes, recalcó la ministra en su comparecencia, los edificios serán "de más calidad, más seguros, más habitables, más accesibles y más sostenibles", lo que conllevará, subrayó, "ciudades y pueblos más sostenibles que despilfarren menos recursos naturales como la energía, el agua y el suelo".

Como novedad, en la que la norma española es pionera, está la obligatoriedad para los constructores de incluir en el proyecto de todo tipo de edificación un estudio geotécnico. Además, el Código obliga a eliminar cualquier barrera para desarrollar estructuras de madera, siempre que la madera tenga certificación medioambiental.

INCENDIO

Por lo que se refiere a la seguridad en caso de incendio, el Código reducirá a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un fuego de origen accidental, como consecuencia del proyecto, de la construcción o del mantenimiento del edificio. A partir de ahora se refuerzan las condiciones constructivas para impedir que el fuego se propague por el interior.

La nueva norma obliga también a la instalación de mecanismos para el ahorro de agua, y todos los nuevos edificios deberán contar en sus instalaciones con paneles solares o fotovoltaicos para agua caliente y energía en función de su tipología, de su ubicación y de su consumo.

Los nuevos edificios estarán igualmente obligados a aprovechar al máximo la luz natural y se instalarán paneles solares para agua caliente para cubrir entre un 30 y un 70 por ciento de la energía que necesiten los edificios para este fin.

La titular de Vivienda destacó también el consenso alcanzado en la elaboración de este Código, que ha contado con la participación de las comunidades autónomas, de más de 100 organizaciones del sector y de 800 expertos, así como la presentación de más de 3.000 alegaciones en el debate público, muchas de las cuales forman parte del Código Técnico aprobado.

Con este Código, subrayó la ministra, el Gobierno da respuesta a la creciente demanda social de mayor calidad en la edificación, "al cada día más preocupante cambio climático y al encarecimiento de las energías fósiles".

Añadió que la iniciativa no pierde de vista el incentivo de la competitividad y productividad de las empresas dedicadas a la edificación, cumple con los compromisos internacionales, como el Protocolo de Kyoto, y transpone las directivas comunitarias sobre utilización de productos empleados en la construcción residencial y eficiencia energética de los edificios.