El texto también ordena la repetición de todo el concurso de licitación después de detectar irregularidades en el proceso. En paralelo, sigue la indagación por parte de la Fiscalía de Cartagena al observar posibles indicios de ilegalidades en la adjudicación del contrato y valorará las posibles consecuencias penales en los que se habría podido incurrir por parte del ayuntamiento murciano.

La sentencia del TACRC especifica que declara la nulidad del acto impugnado y la de todo el procedimiento de contratación, de acuerdo con lo declarado en su fundamento jurídico sexto. Se llega a esta conclusión después de valorar un recurso a la licitación presentado por uno de los concurrentes, que ha hecho desestimar el resto de los recursos, puesto que conlleva directamente la anulación de la contratación de la gestión del agua y el alcantarillado en San Javier.

Uno de los puntos que se han puesto de relieve en los recursos y que ha motivado la anulación de la adjudicación por parte del TACRC sería la dejación de funciones por parte de los técnicos del Ayuntamiento de San Javier y de la propia mesa de contratación, presidida por el alcalde del PP, José Miguel Luengo Gallego. Habría dado por bueno todo informe de Ingeagua, la consultoría externa contratada de forma directa y sin concurrencia para la redacción de los pliegos y la valoración de las propuestas presentadas al concurso, en el mismo día de su recepción.

Según indica uno de los recursos presentados, “se supone que, en apenas unas horas, el jefe de Sección de Servicios Múltiples y el jefe de Negociado de Contratación del Ayuntamiento tuvieron tiempo suficiente para analizar el informe de Ingeagua con detenimiento, contrastarlo con las ocho ofertas y determinar criterio por criterio -son trece los utilizados en este caso- que todas las notas dadas por Ingeagua eran correctas y no había nada más que añadir”.

El mismo recurso apunta que “no parece plausible que todo este ejercicio de valoración y contraste por parte del Ayuntamiento, que si se hubiera hecho con el más mínimo rigor y detenimiento habría requerido semanas, pueda completarse en ese periodo de tiempo tan corto, de apenas unas horas”.

Señala que al día siguiente la mesa de contratación aceptó todos los informes “por unanimidad” y sin aportar nada de criterio propio, solo apuntando a que les parece “coherente”. Considera que, de esta forma, la mesa de contratación de San Javier se habría saltado la normativa de contratos públicos que, si bien permite el uso de empresas externas para trabajar en el proceso, indica claramente que el órgano municipal “ejercerá, entre otras funciones, de valoración de las proposiciones de las licitadoras”.