Según informaron fuentes del alto tribunal, la sala ha desestimado el recurso interpuesto contra su decisión en un auto que será notificado mañana a las partes y que supondrá un retraso de al menos dos años en la resolución de la causa y e el cobro de las indemnizaciones que corresponden a los 4.500 afectados.

La Audiencia de Valencia condenó en 1990 a los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas Juan Sancho Tello y Román Guerrero a un año de prisión como responsables de un delito de imprudencia temeraria por el derrumbamiento de la presa, que provocó 8 muertos y cuantiosos daños materiales, estableciendo una indemnización de 10.000 millones de pesetas para los afectados de las que debía hacerse cargo el Estado como responsable civi subsidiario.

Al resolver el recurso interpuesto por los abogados de los acusados, el Supremo estimó improcedente el procesamiento de Román Guerrero por dictarse sin que previamente existiera el oportuno requerimiento por parte del fiscal.

Asimismo, consideró que el tribunal de la Audiencia de Valencia carecía de imparcialidad objetiva ya que uno de sus componentes fue el mismo magistrado que decidió el procesamiento del otro ingeniero, Juan Sancho Tello, lo que quebrantó las garantías procesalesdel encausado.