Un total de 24.812 personas fueron dtenidas por tráfico de estupefacientes, 2.461 más que en 1989. Los decomisos de droga efectuados por la policía disminuyeron, aunque fue superior la cantidad total de sustancias aprehendidas.

La cantidad de cocaína decomisada (5.252 kilos) creció un 190 por ciento el pasado año. Según Torres, fueron principalemente ciudadanos colombianos los que introdujeron esta droga en España, utilizando para ello la "infraestructura" de las costas gallegas.

La heroína aprehendida (886 kilos) fue superior a 199 en un 24 por ciento, y las mayores cantidades entraron en el país a través de súbditos turcos y libaneses.

Por lo que se refiere al hachís (70.075 kilos incautados), las cifras de decomiso aumentaron un 9 por ciento, penetrando en la península, en su mayor parte, por el estrecho de Gibraltar.

En comparación con el resto de Europa, España ocupa el primer lugar en incautación de cocaína y hachís, y el tercero en decomiso de heroína, tras Turquía e Italia.

Los efectos requisados en 1990 en opraciones contra el narcotráfico tuvieron un valor de 5.000 millones de pesetas, 1.350 millones en metálico y el resto en inmuebles, barcos y vehículos.

El fiscal general del Estado también proporcionó en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso datos sobre las actuaciones judiciales en materia de terrorismo.

En la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de tramitar estos delitos, se realizaron 97 juicios orales. De ellos, 82 fueron contra miembros de ETA, 7 contra militantes del Exérito Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, 5 contra Terra Lliure y 1 contra un "grapo".

En total, las personas juzgadas por terrorismo fueron 140, de los que 113 fueron condenadas y 27 absueltas. La mayoría de las penas fueron de 30 años de cárcel.

Todos los portavoces parlamentarios se congratularon del avance experimentado en materia de lucha contra la droga y terrorismo, según los datos facilitados por el ministerio público.

Sin embargo, los representantes de la oposición exigieron explicacioes a Leopoldo Torres sobre diversas cuestiones puntuales relacionadas con su departamento.

El portavoz de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga, acusó al fiscal general del Estado de haber adoptado una actitud "poco correcta" en relación con las investigaciones sobre la implicación de varios guardias civiles en una red de contrabando detectada en 1988 en Euskadi. A juicio de EA, "no es de recibo que la Fiscalía General tenga paralizado un informe más de 19 meses, sin acordar ninguna actuación".

Tores le respondió que el ministerio público ha actuado con diligencia en este asunto, pero al haber intervenido algunas personas de escasa credibilidad como confidentes se ha producido un retraso en la continuación de los trámites.

Pablo Castellano, de IU, reprochó al responsable de la Fiscalía General del Estado no intervenir en relación con el terrorismo de los GAL "con el mismo celo" que pone para erradicar a ETA y otras organizaciones armadas.

En cuanto al narcotráfico, Castellano propugnó que a Justicia deje de detener exclusivamente a delincuentes de "escasa capacidad decisoria en el contrabando internacional", y detenga de una vez a los traficantes de "cuello blanco".

La portavoz adjunta del PP, Loyola de Palacio, criticó el fracaso de la política contra el narcotráfico llevada a cabo por los diferentes gobiernos socialistas, que "lo único que ha conseguido es que España se convierta en un país de tránsito de la droga hacia Europa".

EXCLUSION DE LA SANCION PENAL

Al término de su cmparecencia ante la comisión, el fiscal general del Estado se mostró partidario de que se luche contra el consumo de droga en público, "porque medidas como ésta tendrán efectos positivos en la sociedad, que verá que estas actuaciones son nocivas". En su opinión, las sanciones contra el consumo de estupefacientes en público deben ser administrativas, y en ningún caso de carácter penal.

Preguntado si los delitos de opinión deben ser penados con la cárcel, como le ha ocurrido al ginecólogo Germán Sáenz d Santamaría, Leopoldo Torres dijo: "Creo que la extralimitación en la libertad de expresión, el traspaso de la crítica al insulto, no debe ser objeto de sanción".