A petición de los distintos grupos políticos, comparecieron, entre otros, Luis Cobos, portavoz de la asociación Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE); Javier Moscoso, de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), e Imanol Arias, de Artistas e Itérpretes de la Sociedad General de Espectáculos de Cine y Teatro (AISGE).

La sesión estaba motivada por la discusión del proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, promulgada en 1987, que de aprobarse, establecería el cobro de un cánon por copia privada, que se aplicará a todos los aparatos de reproducción y cintas de grabación, ya sea visual o auditiva.

El proyecto de modificación de la Ley propone el cobro de una tasa de 30.000 pesetas por máquina fotocopiadora, 1.000 esetas por vídeo y 50 pesetas por hora de grabación en cinta de video o de audio. Estas cantidades son según los representantes profesionales, "inferiores a lo que corresponde, pero suficientes".

Moscoso calificó la actual situación de "estafa, si no penal, sí moral y económica" para aquellas personas que viven de su actividad como creadores o intérpretes y cuyo trabajo es copiado impúnemente gracias a los modernos sistemas de reproducción, disminuyendo sus ingresos por derechos.

"En 1980 se venderon en España cintas vírgenes de vídeo con capacidad de grabación para 80 millones de horas y cada una tiene una vida media de diez grabaciones, y si esto hubiese estado protegido por los derechos de autor se habría traducido en 41.000 millones de pesetas que se han dejado de percibir", aseguró Moscoso.

RETRASO DE ESPAÑA

Tanto el representante de la SGAE como sus colegas de otras asociaciones destacaron que en la mayoría de los países se cobra ese cánon y que España va retrasada con respecto al reso del continente porque la Ley de 1987, aunque buena, pecó de ingenua al pretender que los fabricantes y los creadores se pusieran de acuerdo.

El principal objetivo de esa medida será evitar la huida de los autores de obras audiovisuales musicales o escritas, que ya están empezando a ceder sus derechos a entidades anglosajonas para lograr mayor difusión y defensa de sus derechos de propiedad intelectual.

Luis Cobos señaló que "a través de esta iniciativa, que fija unas cantidades concretas para cda aparato o soporte de reproducción, muchos sectores de la creación se reciclarán y se acomodarán a la situación con una compensación justa y equitativa".

La enmienda presentada por el PP a la modificación de la Ley argumentaba que, mientras no exista una armonización europea, el cobro de un gravámen sobre los aparatos como fotocopiadoras, magnetófonos y vídeos, perjudicaría a la industria nacional, porque los fabricantes se establecerán en otros países, donde los usuarios españoles los comprarán másbaratos.

FABRICACION EXTRANJERA

Imanol Arias rebatió esa teoría al afirmar que la mayoría de estos aparatos no se fabrican en España, sino que sólo se empaquetan o se ensamblan los fabricados en otros países, donde ya gozan de exenciones fiscales.

Miguel Mangada, representante del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), señaló que la práctica totalidad de los aparatos que se venden en España son de fabricación japonesa, "y habrá que preguntarse qué interés tiene el PP en proteger a laindustria nipona retrasando la aplicación de la tasa".

También explicó que la cantidad que establece la modificación de la Ley, que sería de 30.000 pesetas por fotocopiadora, no significará ningún encarecimiento de estas máquinas, porque se suelen barajar precios con un márgen comercial muy amplio.

Mangada aseguró que, según los datos de los sondeos realizados recientemente, en España se realizan 26.000 millones de fotocopias al año, de las que 5.800 millones serían susceptibles de cobro de derecos de reproducción, por lo que se está dejendo de cobrar 45.000 millones de pesetas anuales.

IMPACTO BRUTAL EN EL CINE

"El impacto de la nueva tecnología en el cine ha sido brutal", afirmó Imanol Arias, "porque según los sondeos que tenemos, las películas y las series que se emiten por televisión ocuparían más del 60 por ciento del espacio de copia de cada cinta de video".

"Esto supone unos 280 millones de copias de películas al año, lo cual supone un daño enorme a una industria como la español que sobrevive con 3.000 millones de subvención. El cobro de todos los posibles fraudes que ahora se cometen, tanto de taquilla como de televisiones locales y vídeos comunitarios, cubriría de sobra las necesidades económicas del sector", explicó el actor.

La capacidad de copia en vídeo anula la posibilidad de reposición de películas en salas comerciales, porque el espectador espera a que las programen en televisión y las graba. En España, se ha pasado en la década de los 80 de más de 8.000 cines a poc más de 1.000, porque la mayoría han sufrido esta situación.

Para el reparto del dinero que se recaudase por los derechos de reproducción de películas, los profesionales proponen un sondeo del repertorio que más se ve en televisión y la valoración de la producción anual de los actores y directores.

De esa cantidad, tras eliminar el 30 por ciento que se destinará a protección social y el fondo de promoción cultural, el 70 por ciento restante se divide entre los artistas de las películas de más éxio, tanto las nuevas como las reposiciones.

"El secreto del cine francés, que es ahora el más potente de Europa, el que mejor produce y distribuye, es precisamente este cobro y reparto de cánones", aseguró Arias. "Es una vergüenza que a mí la sociedad francesa me está pagando derechos de propiedad intelectual y en España no me los pagan".