Mayor Oreja compareció a petición propia en la Comisión de Justicia e nterior para explicar los sucesos acaecidos el pasado 8 de noviembre, cuando fue agredido por unos desconocidos el testigo protegido del 'caso Lasa y Zabala' conocido como 1964/S.

Los representantes del PNV y Eusko Alkartasuna insistieron en la tesis de que existe una trama interesada en que no se investiguen las actuaciones de los GAL y en que no declaren los testigos protegidos.

Por su parte, Willy Meyer, de IU, se preguntó acerca del testigo 1964/S: "¿A quién le interesa que ese testigo no habe?, Desde luego, a la acusación particular no", afirmó.

"Muchos creemos que todo esto conduce al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo", afirmó la diputada de EA Begoña Lasagabaster, mientras que la diputada del PNV Margarita Uría expresó su preocupación por la posible existencia de una trama.

Al respecto, el ministro afirmó que no existen motivos para pensar que no se vayan a esclarecer los hechos. En cualquier caso, en relación con la hipótesis de que exista una trama, señaló: "Lo de la tama, si existe o no está en manos de la comisión judicial de investigación", cuyo responsable directo es el magistrado Javier Gómez de Liaño.

Begoña Lasagabaster, de EA, recalcó que los últimos incidentes que han afectado a testigos del 'caso GAL' "no han sido aislados". En este sentido, citó las amenazas denunciadas por el ex guardia civil Velázquez Soriano, la supuesta vigilancia de la que fue objeto Pedro Miguéliz, 'Txofo', por parte de agentes destinados en Intxaurrondo, y la agresión al testigo 164/S.

EL AUTO DEL JUEZ

La comparecencia del ministro del Interior para explicar los detalles que condujeron a la desprotección temporal del testigo 1964/S fue un reflejo de lo que el propio responsable ministerial comunicó horas después de hacerse público el incidente. Ningún detalle nuevo sobre la actuación policial salvo reiterar que "no hubo negligencia" y que el Ministerio del Interior actuó en todo momento bajo el "respecto más absoluto a la autoridad judicial", dijo Mayor.

Josep López de erma, de CiU, e Ignacio Gil Lázaro, del PP, coincidieron en calificar de "correctísima" la actuación del Ministerio del Interior, exonerando de cualquier responsabilidad a la Policía de la agresión sufrida por el testigo 1964/S.

Buena parte del debate se centró en el proceso que se inició desde que el magistrado Gómez de Liaño dictó el auto, pidiendo que se reforzara la seguridad de los testigos y la demora de casi cuatro días en que la Policía recibió las instrucciones oportunas. En este sentido, Lópz de Lerma expresó sin reservas la siguiente duda: "Es curioso que un juez no traslade un auto completo".

El propio ministro del Interior, que insistió una y otra vez en que no hubo negligencia por parte de su ministerio, recordó que cuando en su departamento recibieron el auto incompleto el día 5 de noviembre, dicha circunstancia fue comunicada al juez el mismo día a través de una llamada telefónica y pasaron tres días hasta que dicho auto llegó en las condiciones que legalmente permitían a la Policí adoptar las oportunas medidas.

Las explicaciones del ministro no convencieron al portavoz de IU, Willy Meyer, que tachó de "error inadmisible" que por un problema burocrático un testigo protegido pudiera permanecer más de tres días sin la vigilancia necesaria, en este caso el refuerzo de la misma que había dictado el juez.