Según informaron hoy fuentes judiciales, el magistrado también ha remitido esta mañana otro escrito al Ministerio de Justicia en el que insiste n que se facilite a dicho testigo una cuantía económica para abonar los gastos que pudiera originarle la protección.

Gómez de Liaño, que formuló estas peticiones por primera vez en el mes de agosto, dictó el pasado día 4 un auto en el que dispuso esas peticiones, que entregó de "forma personal, urgente y secreta" a los ministros de Justicia e Interior, Margarita Mariscal de Gante y Jaime Mayor Oreja, tras informar de ello al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.

En el auto dirigidoal titular del departamento de Interior, el juez solicitó que se intensificasen las medidas de vigilancia y protección tanto al testigo 1964-S como a las otras dos personas que gozan de dicha condición en la causa, el policía Angel López Carrillo y el ex agente de la Guardia Civil José María Velázquez Soriano, "en la forma más adecuada para preservarlos de aquellos riesgos derivados de su estatuto como testigos protegidos".

Asimismo, pidió a Interior que se facilitasen nuevas identidades a los tres tetigos y que se renovase, con otra identidad, la licencia de armas de que disponen.

Además, también instó al departamento que dirige Mayor Oreja a que informase al juzgado de "cualquier sospecha de peligro que pudiera darse sobre la vida, integridad física e intimidad de dichas personas".

Paralelamente, en el auto remitido a la titular de Justicia, Gómez de Liaño pidió a ese ministerio que asignase a dicho testigo, así como a los otros dos, la cantidad de 400.000 pesetas en total "para abono de lo gastos que pudiera originarle el traslado de domicilio", que el juez consideró necesario para su protección.

Según publican hoy varios medios de comunicación, el testigo 1964-S fue apaleado, torturado y violado tras ser secuestrado en la noche del pasado viernes en San Fernando (Cádiz) por varios individuos desconocidos, que le acusaron de "hablar demasiado".

Esta persona, cuya identidad no ha trascendido, denunció la agresión ante el juzgado de guardia de Cádiz, el cual abrió diligencias y comuicó los hechos al juez Gómez de Liaño, quien ayer tomó declaración sobre estos hechos al testigo protegido.

El testigo había prestado declaración el pasado 28 de agosto ante el magistrado, a quien afirmó que el teniente de la Guardia Civil Lorenzo Bárez Gómez le había confesado que varios guardias civiles de Intxaurrondo participaron en el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, así como en otras acciones de la guerra sucia contra ETA, según inormó el diario "El Mundo".

Como consecuencia de estas declaraciones, el juez le sometió la pasada semana a un careo con el teniente de la Benemérita, durante el cual indicó que había tenido conocimiento de presiones de agentes vinculados directa o indirectamente a Intxaurrondo a otros testigos.