Díez hizo esta afirmación a Servimedia en relación a la proposición de Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, estudiada ayer por el Consejo de Ministros y que prevé indemnizar a las víctimas de todo tipo de terrorismo (ETA, GRAPO, GAL, etc...) desde el uno de enero de 1968.

Díez argumentó que "la ley debe ser igual para todos" y que, si se indemniza a ls víctimas de ETA, también hay que compensar a las de otros grupos terroristas, como los GAL o los GRAPO.

Díez señaló que, según datos de ANPU, desde 1968 hasta 1997, un total de 145 agentes del Cuerpo Nacional de Policía murió como consecuencia de un atentado de ETA, mientras que otros 33 fueron asesinados por otros grupos terroristas, como los GRAPO y el FRAP, entre otros.

Para el portavoz de ANPU, el proyecto de ley de indemnización a víctimas del terrorismo necesita "algunas modificaciones" qe espera sean recogida tras un debate parlamentario.

En este sentido, Díez apuntó que, a su juicio, la futura ley de indemnizaciones de víctimas del terrorismo debe especificar "más claramente" qué se entiende por grupo terrorista, puesto que la definición que recoge el texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros "es muy genérica".

Además, añadió que la ley debe incluir como víctimas del terrorismo a todos aquellos policías que hayan muerto en acto de servicio mientras detenían o desarticulabn un comando terrorista, por ejemplo, "en un tiroteo con etarras".

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

Díez se mostró de acuerdo en que el Estado adelante subsidiariamente las indemnizaciones que corresponden a las víctimas de un atentado terrorista, porque el culpable se declara insolvente o bien no ha sido juzgado aún, o ni siquiera ha sido detenido.

Ahora bien, continuó Diéz, una vez que el terrorista, ya juzgado y en libertad, cuenta con una nómina, el Estado debe encargarse de que el terrorista rembolse la cantidad que adelantó la Administración.