El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso (21 de diciembre de 2023) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El recurso está interpuesto en relación con los artículos 4; 5, apartados 1, 2 y 4; 6; 7, apartados 1, 2 y letras a), b) y c) del apartado 3; 12, apartados 2 y 3, incisos; 13, apartados 2, 3 y 4; 19; 22.2; 33; 38; 39; 40, apartados 2 y 3; 59, así como las disposiciones adicionales cuarta y quinta y la disposición transitoria tercera.

El Gobierno de España alega que los citados preceptos podrían vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución por la falta de presupuesto habilitante para ser aprobada la norma mediante un decreto-ley, así como los apartados 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución, al no respetar, según la demanda, las competencias del Estado.

Tras un infructuoso periodo de negociación entre las partes, el Gobierno central decidió dejar el caso en manos de la justicia, al entender que el entonces Ejecutivo socialista de Javier Lambán invadió competencias, vulneró la legislación de contratos públicos y acudió a un mecanismo de urgencia sin motivos.

Para maximizar los beneficios para Aragón de la implantación acelerada de plantas de energía renovable, y tras caer en saco roto las reivindicaciones planteadas en Madrid para regular el sector en esta dirección, la DGA aprobó en marzo el decreto-ley de Medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía.

De esta forma, el entonces presidente Javier Lambán buscaba disponer de un sistema energético propio que le permitiese, entre otros objetivos, tener el suministro más barato del país, favorecer el consumo interno y atraer a nuevas empresas e inversiones.

El Ministerio de Política Territorial considera que que Aragón se “extralimita o vulnera la competencia del Estado en materia de bases de régimen energético y ordenación general de la economía”. En concreto, señala que la norma autonómica “establece un subsector eléctrico diferenciado que en algunas ocasiones se rige por sus propias normas especiales y categorías que no están previstas ni en la normativa básica estatal ni en el derecho de la Unión Europea”.